Una reciente sentencia, emitida por el Tribunal Constitucional (TC), anuló ordenanzas de nueve municipalidades distritales que imponían sanciones vehiculares como multas y uso de grúas contra vehículos mal estacionados en la vía pública, debido a que estas medidas no forman parte de sus competencias.
Una reciente sentencia, emitida por el Tribunal Constitucional (TC), anuló ordenanzas de nueve municipalidades distritales que imponían sanciones vehiculares como multas y uso de grúas contra vehículos mal estacionados en la vía pública, debido a que estas medidas no forman parte de sus competencias.
Ello, tras declarar fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo.
Esta acción constitucional fue presentada en 2023, luego de que los municipios de Breña, Carabayllo, El Agustino, Independencia, La Molina, Magdalena del Mar, Miraflores, Rímac y San Borja aprobaron normas que transgredían el Reglamento Nacional de Tránsito, generando disposiciones que vulneraban derechos fundamentales, indica la Defensoría.
La sentencia N.° 119/2025 del TC ratifica que la regulación del tránsito terrestre es una competencia exclusiva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mientras que la supervisión y sanción de infracciones corresponde a las municipalidades provinciales, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).
Autos son remolcados por municipios, pero las únicas instituciones facultadas para realizar esta acción son el MTC y la PNP. Foto: Andina
Es decir, las municipalidades distritales no están facultadas para crear infracciones ni trasladar vehículos a los depósitos municipales.
“La Defensoría del Pueblo reitera que no se opone a medidas orientadas a ordenar el tránsito y el uso del espacio público; sin embargo, estas deben estar dentro del marco legal vigente y respetar las competencias establecidas en la Constitución”, indicó la institución y también exhortó a las municipalidades distritales involucradas a dejar sin efecto las ordenanzas declaradas inconstitucionales, a fin de evitar nuevos perjuicios a la población.
A inicios de junio, un hombre de 68 años falleció al sufrir un infarto, minutos después de que una grúa municipal se llevara su vehículo al depósito, en el distrito de La Victoria. La víctima había dejado su auto unos minutos en la calle, mientras compraba boletos en una empresa de transporte interprovincial.
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