Francia vive este martes otra jornada de huelgas y protestas a escala nacional contra el proyecto de reforma de las pensiones, que se prevé tan amplia como la del 19 de enero y tendrá un dispositivo policial reforzado.
Hasta 11.000 agentes por todo el país, 4.000 de ellos en París, vigilarán que la protesta se desarrolle de forma pacífica, ante el temor del Gobierno de que pequeños grupos de radicales violentos puedan generar disturbios.
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La protesta del 19 de enero fue muy amplia, con más de dos millones de manifestantes en toda Francia según los sindicatos (1,1 millones según el Gobierno), y el objetivo de los sindicatos es lograr una movilización similar o aún mayor en las 240 marchas convocadas para este martes.
El seguimiento de la huelga será importante sobre todo en los transportes ya que solo circularán, de media, un tercio de los trenes de alta velocidad (TGV).
En las líneas ferroviarias internacionales habrá un tráfico casi normal en los Eurostar a Londres y en los Thalys a Bélgica, Países Bajos y Alemania, pero se han cancelado en cambio los dos trenes por sentido del corredor París-Barcelona.
Será también muy difícil desplazarse en transporte público en el área metropolitana de París ya que se han suprimido, según las líneas, entre dos tercios y el 90% de los trenes de cercanías. El metro solo funcionará a medio gas pero los autobuses quedarán menos afectados.
Los paros de controladores aéreos han obligado a cancelar un 20% de los vuelos con salida o destino en el aeropuerto parisino de Orly.
En el caso de Air France, eso se traducirá en la supresión de un 10% de sus vuelos del día, aunque ha optado por preservar todos los de largo recorrido (intercontinentales) y tampoco se verá afectada ninguna de sus rutas con España.
Los sindicatos pretenden con esta jornada de movilizaciones obligar al Gobierno francés a retirar su reforma, que prevé retrasar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y adelantar a 2027 el alargamiento a 43 años (42 actualmente) del periodo de cotización necesario para cobrar una pensión completa.
Saben que tienen de su lado a la opinión pública, ya que todos los sondeos de opinión muestran una oposición muy mayoritaria de los franceses al proyecto (un 61 % según un sondeo que publica hoy el diario económico Les Echos).
Se trata de un rechazo que en términos generales no ha bajado desde que el Gobierno presentó su proyecto, el pasado 10 de enero, incluso a pesar de la multiplicación de apariciones de miembros del Gobierno en los medios para insistir en la necesidad de la reforma para asegurar la solidez del sistema de pensiones a medio y largo plazo.
A favor del Ejecutivo, una mayoría de los franceses no tiene intención de movilizarse para impedir la reforma (un 73 % según una encuesta de la semana pasada).
A pesar de la presión, la primera ministra, Élisabeth Borne, dejó claro el pasado domingo en una entrevista que las dos medidas estrella de la reforma (el retraso a 64 años de la edad mínima de jubilación y el aumento a 43 años del periodo de cotización para tener la pensión completa) son algo que “no es negociable”.
El texto comenzó a estudiarse este lunes en comisión en la Asamblea Nacional, donde los partidos de izquierda y la ultraderecha se oponen, aunque el bloque gubernamental espera recibir el necesario apoyo de los conservadores para sacarlo adelante.
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