Chile inició este miércoles un nuevo proceso para reemplazar la Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990); el tercer empeño en cinco años por dejar atrás uno de los principales legados de ese periodo cuyas heridas siguen abiertas.
La ley que habilita el cambio constitucional fue aprobada por el Congreso chileno este miércoles después de que el 61% del electorado rechazó el 4 de septiembre pasado un proyecto elaborado por una convención 100% electa.
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Luego de ese proceso “las principales fuerzas políticas (...) convergieron en la idea de que es necesario encontrar una nueva Constitución, que no es el la de convención constitucional, pero que sí se necesita una distinta que la de 1980″, explicó a la AFP la abogada Claudia Sarmiento.
El intento por cambiar la Constitución promulgada por Pinochet y que ha sido sometida a decenas de reformas desde el retorno a la democracia, tuvo un impulso determinante después de las violentas protestas que estallaron el 18 de octubre de 2019.
El nuevo intento de reformas es muy distinto al anterior, al mezclar órganos electos y designados. Marca también una diferencia frente al fracasado intento que llevó adelante la socialista Michelle Bachelet durante su segundo mandato (2014-2018), por medio de cabildos autoconvocados.
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“Es un proceso mixto; muy atípico por regla general, porque mezcla lo que es un órgano electo, con órganos designados. (...) Acá tenemos un modelo atípico que no está replicado en otras partes del mundo pero que responde a la realidad política y de coyuntura de Chile”, afirma de su lado el abogado constitucionalista Tomás Jordán.
A diferencia del intento anterior, donde el borrador fue redactado por una convención paritaria de 154 integrantes elegidos por voto popular y con cupos reservados indígenas, esta nueva apuesta tiene tres órganos; uno de ellos electo por voto popular.
Los chilenos elegirán el 7 de mayo un Consejo Constitucional de 50 miembros. Pero también habrá dos instancias designadas por el Congreso, cuya composición ha sido cuestionada por críticos de este proyecto.
La Comisión de Expertos escribirá un anteproyecto que será discutido en el órgano electo y el Comité Técnico de Admisibilidad que garantizará que el articulado no contravenga las llamadas “Bases Fundamentales”.
La elección de los integrantes del Consejo Constitucional no contará esta vez con listas de independientes. La composición de los tres órganos, en tanto, será paritaria.
Para aprobar las normativas y el articulado, se necesitará del voto favorable de tres quintos de los consejeros y no los dos tercios del proceso anterior.
“Se llega a esta figura bastante razonable, que genera ciertas seguridades desde el punto de vista jurídico y político, garantías para la participación del Congreso Nacional, que va a tener la misión de elegir al Comité de Expertos”, sostuvo Sebastián Zárate, profesor de la Universidad Autónoma.
El proceso debe finalizar en diciembre con un plebiscito ratificatorio.
La diferencia más sustancial son las 12 “Bases Fundamentales”, inmodificables y que deben estar incluidas en la nueva Carta Magna, establecidas antes de iniciado el proceso: como que Chile es una “República democrática” con un carácter “unitario y descentralizado”.
A los pueblos indígenas se les reconoce “como parte de la Nación chilena, que es una e indivisible”, lo que impide declarar a Chile como un estado “plurinacional” como lo hizo el proyecto rechazado.
También fija los emblemas nacionales (bandera, escudo e himno), y la existencia de tres poderes separados: Ejecutivo, Judicial y Legislativo, con un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas. En la propuesta rechazada se establecían los “Sistemas de Justicia” y el Senado era reemplazado por una “Cámara de la Regiones”.
Determina además la autonomía del Banco Central y la Contraloría General, entre otras instituciones.
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