¿Quién responde por la violación?, por Gonzalo Del Río

Marco Antonio Luza Segundo ha sido detenido y será procesado por delito de violación sexual. La violación se produjo en contra de una mujer, quien el último domingo tuvo que acudir al domicilio del agresor para cumplir con su rol de empadronadora voluntaria en el censo organizado por el INEI.

La investigación deberá demostrar si Luza utilizó un arma para perpetrar su crimen, o si colocó –previamente– a la víctima en incapacidad de resistir. En estos casos, la pena es de 12 a 18 años. El espanto se produce cuando evaluamos qué pena le debe ser aplicada si no se logra demostrar alguno de estos supuestos: entre 6 y 8 años.

Sí, el Código Penal peruano establece una pena de 6 a 8 años para el tipo base de violación sexual. Para que tengamos una idea, los delitos de estafa agravada y violencia contra la autoridad agravada tienen una pena de entre 4 y 8 años. Para nuestra legislación penal, estas son situaciones equiparables con la violación sexual.

Si esto no es suficiente para declarar nuestra legislación penal en emergencia, en un país líder en violación sexual (tercero en el mundo, según estadísticas del 2014), o para entender el drama y el desamparo de las mujeres en el Perú (el 93% de las víctimas de violación sexual son mujeres), entonces que el último apague la luz.

En un país donde ocurren nueve violaciones al día, el crimen de Luza no debería sorprendernos. Sucede que este caso no solo representa nuestra peor versión como sociedad, sino también como Estado. El Gobierno decretó la inamovilidad absoluta en uno de los países más peligrosos del mundo, ¿y no adoptó ninguna medida de protección contra mujeres indefensas en el ejercicio del empadronamiento? La exposición al peligro a la que se sometió a la empadronadora es de una negligencia inexcusable, y la responsabilidad civil del Estado es incuestionable.

Se ha dicho que el INEI puede ser incorporado al proceso penal como tercero civil, para que el Ministerio Público y la víctima puedan solicitarle el pago solidario de la reparación de los daños ocasionados por el delito. Esto no es exacto. La legislación penal solo permite la incorporación de un tercero en supuestos de responsabilidad vicaria (es decir, cuando quien perpetra el crimen tiene una relación laboral de dependencia y lo comete en ejercicio de la actividad encomendada por un tercero, quien también responde por el pago de la indemnización).

Pero esta es una discusión referida al proceso penal, no a la vía civil. La víctima tiene pleno derecho y legitimidad para solicitar al Estado a través de la vía civil –e independientemente de la reparación que exija al agresor en la vía penal– una indemnización por la inexcusable negligencia del Gobierno en la organización del censo.

Un dato sumamente importante radica en comprender que no es necesario un proceso judicial para que la víctima sea indemnizada, es el Estado el que debe voluntariamente resarcirla, y ella solo deberá iniciar un proceso judicial si el Estado no cumple con su obligación legal. Someter a una persona a un proceso judicial constituiría un supuesto lamentable de victimización secundaria. No hay dinero en el mundo que pueda devolver a la víctima a la situación anterior al terrible crimen sufrido, pero el Estado tiene la obligación de actuar, ahora sí, con responsabilidad y humanidad.

Queda analizar si los funcionarios del INEI también pueden ser penalmente responsables. Sin duda, debe iniciarse una investigación penal para determinar si se intentó acallar a la agraviada u ofrecerle un pago para que olvide el asunto. Un hecho que, de ser cierto, resulta absolutamente repugnante. Sería una situación que involucraría un delito de obstrucción a la justicia. Lamentablemente, mucho más difícil es situar la negligencia estatal en el supuesto de exposición de personas en peligro, que solo protege a menores de edad o a una persona incapaz de valerse por sí misma.

En cualquier caso, la responsabilidad penal en este hecho la deberá asumir Luza. Son las responsabilidades civil y política las que deberán alcanzar a los funcionarios del Estado, y debemos estar atentos a que esto suceda pronto.