Los actores privados deben comprometerse a desarrollar cada vez más tecnologías con perspectiva de género
Los actores privados deben comprometerse a desarrollar cada vez más tecnologías con perspectiva de género
Denisse Albornoz

En el Perú, Internet acoge una vibrante comunidad de , y activistas que han encontrado en línea una ventana de libertad donde expresar su sexualidad, identidad de género u opinión sin el riesgo de sufrir violencia física. Sin embargo, la , uno de los problemas más graves del país, también ha logrado infiltrarse en Internet. En otras palabras, la no es un espacio neutral ni libre de violencia, sino un espejo que refleja y amplifica las brechas sociales e injusticias de nuestra sociedad.

Cada día escuchamos más casos sobre cómo la tecnología se usa para agredir o silenciar a mujeres y personas LGTB. Desde las más comunes, como el envío de insultos o el acoso sistemático, hasta la “pornovenganza” (difusión de videos íntimos sin consentimiento) y los ataques coordinados que se valen del robo de identidad y la difusión de datos personales (‘doxxing’) para extorsionar a sus víctimas. El aumento de la violencia en línea está llevando a que mujeres y personas LGTB no puedan disfrutar de los espacios virtuales con libertad, creando nuevos obstáculos para la igualdad de género y el ejercicio pleno de sus derechos.

En el reciente informe de Hiperderecho, “Conocer para resistir: violencia de género en línea en Perú”, hemos identificado cuatro estrategias para combatir la violencia en base al estudio de casos y entrevistas a las víctimas.

La primera es resistir como sociedad el impulso a normalizar este comportamiento. Estas agresiones, así se manifiesten a través de una pantalla, siguen siendo violencia y tienen efectos concretos sobre la salud física y mental de las víctimas. En los peores casos, son un eslabón más de la cadena de la violencia psicológica o física que amenazan la vida de estas personas. Llamarla por su nombre es el primer paso para reconocerla y combatirla.

La segunda estrategia es reportar la violencia en las plataformas digitales. En nuestro estudio, más del 50% respondió que es blanco de ataques en línea de manera frecuente en plataformas como Facebook y Twitter o aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Los centros de seguridad de estos servicios ofrecen herramientas para bloquear, eliminar o reportar a los agresores cada vez que sea necesario. Esta es, tal vez, nuestra única ventaja frente a este problema: tenemos herramientas a nuestra disposición para resistirlo. Pero debemos usarlas con un ojo crítico. Los actores privados deben comprometerse a desarrollar cada vez más tecnologías con perspectiva de género y que contemplen los riesgos específicos a los que se enfrentan las mujeres y personas LGTB que las usan.

La tercera estrategia es denunciar la violencia en línea ante las autoridades. Desde setiembre del 2018, el Decreto Legislativo 1410 dispuso que el acoso virtual, el chantaje sexual y la “pornovenganza” ya son delito en el Perú. Si bien aún no tenemos evidencia sobre qué tan efectivo es este mecanismo legal, debemos empezar a usarlo. Asimismo, debemos demandar evidencia periódica sobre cómo viene funcionando. Nuestras denuncias crean un precedente y le indican al sistema de justicia que es un problema grave que debe ser atendido. Mientras tanto, todos los actores involucrados en la ruta de denuncia –abogados, policías, fiscales y jueces– deben comprometerse a entender los alcances y la complejidad de la violencia en línea y a estar preparados para responder efectivamente a estos casos. Esta es también una lucha contra la impunidad.

La cuarta estrategia es capacitarnos en . Es decir, aprender a evaluar riesgos en entornos virtuales y conocer buenas prácticas para mitigarlos. Esto nos permitirá reafirmar nuestro poder para protegernos de la violencia y ejercer nuestros derechos con confianza en estos nuevos espacios. Además, no debemos perder de vista que la tecnología también puede ser nuestra aliada. Esta es nuestra oportunidad para crear un Internet que proteja nuestros derechos y que pueda ser disfrutado por todos de una manera más libre y segura, independientemente de nuestro género u orientación sexual.