En nuestro país, el crimen y la violencia permanecen imparables. El 2024 cerró con más de dos mil homicidios registrados por el Sinadef, y el 2025 empezó con fuerza, con más de 200 en su primer mes. Hace poco, además, el crimen organizado demostró los límites a los que puede llegar con la masacre perpetrada en Pataz, que acabó con la vida de trece personas. Y las cifras crecen día a día, con los peruanos que caen víctimas del sicariato, la etapa final de la extorsión. Un delito, además, que afecta desproporcionadamente a los microempresarios, a los choferes de transporte terrestre y a decenas de ciudadanos trabajadores.
La respuesta de nuestras autoridades, mientras tanto, es tibia, cuando no indolente. El Gobierno parece improvisar con estados de emergencia y “cuartos de guerra”, y el Congreso promueve o preserva normas que benefician a la criminalidad.
Un caso claro es el de la ley que impone topes a las tasas de interés, una medida que alejó a miles de microempresarios y personas naturales del sistema microfinanciero formal y los empujó a la extorsión y crimen organizado disfrazado de préstamo en la informalidad. Aunque en un primer momento el Congreso había aprobado su eliminación –una decisión sensata y urgente para devolver el crédito a quienes más lo necesitan–, terminó retrocediendo por un error en el conteo y, hasta ahora, no ha corregido el rumbo. Así, lo que empezó como un paso en la dirección correcta quedó en nada.
Más de 600 mil hogares han tenido que acudir a esquemas como los préstamos ‘gota a gota’ en el último año, pagando tasas anuales de hasta 1,400% en acuerdos con delincuentes que muchas veces terminan cobrándoles a sus víctimas con violencia y hasta la muerte. Y el Legislativo, en lugar de corregir una política que ha empujado a miles a esta circunstancia, sigue atrapado en cálculos políticos y en intereses que se alejan de los de la mayoría del país. Entonces, cabe la pregunta: ¿de qué lado están? ¿Qué impide a nuestras autoridades tomar las medidas necesarias para darnos seguridad?
Con la eliminación de los topes de tasa de interés, el Parlamento tiene una vía directa para cortar una de las fuentes de ingresos más significativas del crimen organizado. El beneficio directo sería para los microempresarios y para las personas más vulnerables, a quienes la norma ha alejado del sistema financiero. En ese sentido, es momento de que nuestros representantes elijan con claridad de qué lado están: del lado del orden y de la tranquilidad o del lado de quienes las quebrantan.
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