¿Es un buen negocio político?

En el Perú, existe la pequeña minería formal, la pequeña minería informal y pequeña minería ilegal. El crecimiento del precio del oro hizo que todas ellas crecieran en nivel de operaciones e ingresos, pero otras temáticas dominaban el debate público. La masacre de los 13 de Pataz generó una ola de atención pública al sector. Aunque existe diferencia entre la minería informal y la minería ilegal, la realidad es que la percepción de las personas no hace en general esta diferencia: según una encuesta realizada con Datum, solo el 33% de la gente los ve realmente diferentes. Esto significa que la mayoría asigna a todos gran parte de los problemas que genera (contaminación ambiental, trata de personas, violencia, etc.).

En ese contexto, ¿es electoralmente rentable para un político apoyar la minería informal? La reciente encuesta nos muestra que no mucho. Más allá del posible financiamiento que pueda provenir de la minería informal e ilegal, muchos congresistas y candidatos respaldan sus demandas con la expectativa de captar el respaldo electoral de ese sector. Pero, como candidato, no solo se debe considerar el caudal electoral que se puede ganar, sino el caudal que se puede perder asumiendo una postura. La encuesta nos muestra que el 54,6% se inclinaría por “un candidato que controle y restrinja las actividades de los mineros informales”, mientras que solo 8,9% se inclina por uno que “defienda a los mineros informales”. Otra pregunta nos indica que un 4,7% se percibe como beneficiario económico de la minería informal. Ese porcentaje no es ínfimo; sin embargo, más del doble (10,1%) considera que la minería informal está perjudicando sus ingresos, y probablemente evitarían votar por un candidato que los defienda. Es decir, más del doble de personas se perciben como damnificados económicos que beneficiarios económicos de la minería informal. Dada la fragmentación actual, puede sonar que 4,7% es un caudal electoral interesante. Pero lo es solo si puede ser canalizado a una o dos alternativas electorales.

Sin embargo, la encuesta revela un dato contundente: el 82% de los ciudadanos no logra identificar a ninguna bancada o partido político que haya favorecido a la pequeña minería. Entre quienes sí mencionan algún grupo político, las respuestas están dispersas y ninguna bancada supera el 3% de reconocimiento. Incluso la bancada del presidente de la Comisión de Energía y Minas –que impulsó hasta el último momento de la legislatura un proyecto de ley MAPE– apenas es mencionada por el 0,1% de los encuestados. Si alguien esperaba gratitud política de este sector, la encuesta sugiere que no puede “devolver el favor”.