La filantropía peruana está cambiando. El reciente estudio “Cómo transformar la filantropía en el Perú”, de Vicente León con la colaboración de Ana Gonzales, ofrece una valiosa fotografía de un sector más diverso y profesionalizado, pero todavía marcado por desafíos de sostenibilidad financiera, gobernanza, transparencia y evaluación.
Es un buen punto de partida, pero abre otra pregunta: ¿qué tendría que cambiar para que haya más filantropía en el Perú?
Me refiero aquí específicamente a personas, familias y empresas que destinan su propio dinero a fines de interés público: desde una donación individual o la inversión social de una empresa hasta una fundación familiar o corporativa que financia a terceros.
Tenemos razones para hacernos la pregunta. El Global Philanthropy Environment Index 2025, que evalúa qué tan favorable es el entorno para la filantropía, otorga al Perú 2,89 puntos sobre 5, frente a 3,94 para Colombia y 4,06 para Chile. Hace años, una investigación regional publicada por la Universidad del Pacífico ya mostraba otra diferencia llamativa: entre las fundaciones estudiadas, el patrimonio mediano era de apenas US$30.000 en el Perú, frente a US$4,8 millones en Chile y US$4,6 millones en Colombia. Son datos antiguos y no representan todo el capital filantrópico de estos países, pero la diferencia merece atención.
“Faltan incentivos” es una explicación frecuente. Pero el Perú sí ofrece beneficios tributarios para determinadas donaciones. El problema parece más complejo.
Primero, la fragmentación. Donar, constituir una fundación o recibir donaciones deducibles puede involucrar distintas reglas e instituciones. Cada una puede tener una función justificada, pero para quien quiere donar no existe una puerta sencilla de entrada al sistema. Chile enfrentó un problema parecido y en el 2022 creó un régimen general de donaciones, con un registro público y procedimientos más simples. No dejó de regular: reguló mejor.
Segundo, debemos preguntarnos si los incentivos actuales realmente cambian el comportamiento de los donantes. Colombia, por ejemplo, permite que determinadas donaciones generen un descuento directamente sobre el impuesto. No propongo copiar su modelo, sino estudiar qué incentivos conseguirían movilizar recursos adicionales en el Perú sin generar un costo fiscal injustificado.
Tercero, faltan vehículos para la filantropía de largo plazo. Una familia puede donar anualmente o crear una fundación, pero hay pocas alternativas entre ambos extremos. Brasil creó en el 2019 un marco específico para fondos patrimoniales (endowments), permitiendo acumular e invertir patrimonio para financiar causas de interés público durante décadas.
El problema de fondo es quizá otro: el Perú regula la filantropía, pero no tiene una política para desarrollarla. Regular significa decidir quién puede recibir, qué se puede deducir y qué debe declararse. Promover implica preguntarnos cómo conseguimos más donantes, más fundaciones, más capital filantrópico y mayor confianza.
No sabemos todavía si necesitamos nuevos incentivos, un régimen general, fondos patrimoniales o procedimientos más simples. Hay que estudiarlo.
La pregunta que debería orientar ese esfuerzo es sencilla: ¿cómo movilizamos más recursos privados peruanos hacia bienes públicos, de manera transparente, responsable y adicional al esfuerzo del Estado?
Hay capital y voluntad de contribuir. Lo que necesitamos es un entorno que permita hacerlo a mayor escala.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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