El impacto del dinero criminal e informal en la sociedad

Las economías ilícitas y la criminalidad organizada vienen ampliando su influencia sobre la economía de América Latina y desafiando la capacidad de los gobiernos para ejercer un control efectivo sobre territorios donde la presencia del Estado es nula o insuficiente. Además, el dinero de origen criminal, una vez que logra ser lavado, puede incorporarse al sistema económico formal, dificultando la identificación de su procedencia y generando nuevos riesgos para la transparencia, la competencia y la inversión.

Así lo advierte Juan Andrés Medel, investigador asociado de la Cátedra de Seguridad y Globalización del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, quien explicó que resulta difícil establecer con precisión cuánto de esos recursos de origen criminal han ingresado a actividades formales. “Este fenómeno no se limita a Perú, sino que constituye una realidad de alcance global. El dinero, una vez que se logra “lavar”, se integra al sistema”, señaló el experto en flujos financieros ilícitos.

Durante su participación en el conversatorio “Economías ilícitas: el costo oculto para la competitividad y la inversión en América Latina”, organizado por la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito (CLCI), de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Mendel señaló también que las organizaciones criminales están consolidando actividades ilícitas en zonas donde las instituciones no han logrado garantizar de manera efectiva el control territorial y la atención de las necesidades básicas de la población.

Añadió que la criminalidad organizada no la conforman grupos terroristas que buscan enfrentar directamente al Estado. “Hay un desafío, pero hay un desafío porque están utilizando espacios donde el Estado debió estar presente y no lo hizo, o lo hizo de mala forma. En términos estrictos, lo que hacen es ejercer determinado dominio y negocio o economía en aquellos sectores donde el Estado no está”.

¿Qué podemos hacer cuando el único que llegó a esas zonas fue la criminalidad organizada? No podemos culpar a esa población cuando el Estado no llegó a ofrecer educación, vivienda ni inversión”, afirmó el especialista.

Al referirse sobre la minería ilegal como una de las economías ilícitas de mayor riesgo en la región, Medel considera que este tendría un escenario de expansión en Perú debido al creciente interés de grupos criminales y a la evolución del precio del oro. Consideró que su avance no es un fenómeno exclusivamente peruano, sino que también genera preocupación en otros países de la región.

“Yo sí diría que estamos ante un escenario que va a escalar. Estadísticamente, hemos estado observando que hay muchos grupos criminales que están más interesados y avanzando hacia la minería ilegal. Y esto probablemente va a estar muy ligado al precio del oro”, sostuvo.

El experto vinculó la expansión de la minería ilegal con condiciones que trascienden la acción policial y judicial. Señaló que estas economías se instalan principalmente en zonas alejadas de las capitales latinoamericanas, y donde existen menores capacidades institucionales, pero advirtió que el problema también se relaciona con la falta de educación, inversión y oportunidades de trabajo.

Corrupción bajo otra mirada

Medel precisó que el lavado de activos y la criminalidad organizada están estrechamente vinculados debido a la finalidad económica de estas organizaciones, aunque aclaró que el lavado constituye un fenómeno más amplio y también puede originarse en ilícitos que no involucren necesariamente a una estructura criminal organizada.

Recordó, además, que existen estimaciones según las cuales entre el 3% y 4% del PBI de América Latina está cruzado con la criminalidad organizada.

“Hay investigaciones actuales que están diciendo que, a partir del estudio de distintos casos entre corrupción y criminalidad organizada, encontraron que no fue que el crimen organizado fue a buscar al funcionario público, fue que el funcionario público fue a buscar a la criminalidad organizada. Por ende, ya estaba corrompido previamente”, afirmó.

El costo para el desarrollo

Medel sostuvo que la preocupación por los flujos financieros ilícitos, el lavado de activos, la corrupción y la criminalidad organizada no debe limitarse a una dimensión ética o penal, sino que debe entenderse también por su impacto en las posibilidades de crecimiento y desarrollo de América Latina.

“América Latina gasta siete veces más en materia de seguridad que en innovación. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar nuestra región si estamos con este gran dilema? Esa es una de las tantas razones por las cuales América Latina no crece más, no se desarrolla más. Son muy necesarios los ministerios públicos, las unidades de inteligencia financiera, policías, pero eso tiene un problema. Esos no son instrumentos para la inversión y para el desarrollo de América Latina”, señaló.

Controles e integridad

Frente a este escenario, Medel planteó fortalecer los controles de integridad y probidad tanto en el ámbito público como privado.

Advirtió que la corrupción pública y la corrupción privada deben analizarse como parte del problema, ya que las empresas también pueden ser utilizadas por la criminalidad organizada para operaciones vinculadas con el lavado de activos y los flujos financieros ilícitos. En ese sentido, consideró necesario articular al Estado, el sector privado y la sociedad civil para contener el avance de estas economías criminales.

Participaron en el conversatorio, organizado por la CLCI de la SNI, representantes de sectores como textil, metalmecánicos, cigarrillos, productos de consumo masivo, así como investigadores, académicos, socios y gerentes de del gremio.