La minería ilegal del oro

La minería ilegal genera daños ambientales y delitos conexos similares al narcotráfico. En muchas regiones, por ejemplo, en Puno y en Madre de Dios, ambas se entrecruzan, es decir, se financian. Clanes familiares de la droga lavan su dinero intermediando oro porque saben que el mercado nacional e internacional no hace preguntas sobre su origen. Por desidia o corrupción, el Estado pierde miles de millones de dólares con el contrabando del oro.

Según un reciente estudio de Valdés, Basombrío y Vera (2021), se dedicarían a esta actividad 500 mil personas, que producen anualmente 24 mil kilos de oro, lo que representaría el 29% del total formal y, monetizados, superaría los 2.500 millones de dólares anuales.

Ahora bien, la pregunta es ¿y cómo lo hacen? Por razones de espacio vamos a concentrarnos, por ahora, en el modus operandi de la minería ilegal que opera en la franja costera y en algunas regiones de la sierra. Empecemos señalando que extraer material aurífero de buena ley (más de 0,5 gramos por tonelada de roca) no es barato. El negocio empieza con un financista, que podría ser un titular de concesiones mineras u operadores de una intrincada red de empresas de fachada vinculadas, casi siempre, a algunas plantas procesadoras.

En el país hay pocos espacios no concesionados, casi todo el territorio nacional tiene potencial minero. Precisamente, muchos financistas (personas naturales o jurídicas) han convertido en un buen filón el negocio de adquirir concesiones mineras. Si se revisaran las actividades tributarias de estos personajes, se descubriría que no tienen ninguna relacionada con la minera. El negocio es entregar las concesiones a los mineros informales e ilegales (generalmente campesinos y jóvenes desocupados). Toda la cadena logística (dinamita, fulminantes, ANFO, herramientas, adelanto de sumas de dinero, etc.), van por cuenta del dueño del capital, que los recuperará con las regalías por cada saco de material aurífero extraído. El objetivo de sobrevivencia del que presta la mano de obra es quedarse, al final del día, con 100 a 300 soles.

Acto seguido pasan los acopiadores, que se encargan de comprar, en sacos o volúmenes mayores, el material aurífero. Para ello utilizan vehículos que recorren, sin ningún control o contratiempo, las trochas para llegar a la Panamericana Norte, desde Piura, pasando por La Libertad, Casma, Barranca, Lima; por la Panamericana Sur hacia Nazca, Ica, el sur de Ayacucho, Apurímac y Arequipa; y, por el centro hacia Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica. Estos acopiadores son intermediarios que cuentan con la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Nuevamente, si revisáramos las actividades de estos, seguramente descubriremos que muchos no declararon ante Sunat ninguna relacionada a la minera o que, siendo mineros artesanales, comercializan miles de toneladas de material aurífero. En los hechos están blanqueando el oro ilegal y, por este servicio, cobran hasta el 40% de la liquidación final. Situación similar pasa con los inscritos en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo), muchos de ellos nunca hicieron actividad minera, pero cuentan con la autorización para comercializar y refinar oro en grandes volúmenes.

Obviamente que resultaría fácil para la Sunat cruzar información básica en los dos registros mencionados para saber quiénes están defraudando al fisco, pero, por alguna razón, esta tarea urgente no se realiza. Lo mismo pasa con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), si le prestara un poquito de atención al Recpo haría historia en la lucha contra el lavado, pero, al parecer, también prefiere evitar la fatiga.

El mismo modus operandi se observa con las empresas que venden el doré (lingotes con contenido aurífero y otros metales) a respetables empresas extranjeras, la visa para que ingrese el metal dorado se tramita sin mayores dificultades, aquí importa muy poco de dónde y cómo haya sido obtenido.

Evidentemente este negocio también tiene sus contratiempos. El problema más recurrente se produce cuando los financistas promueven invasiones a concesiones de terceros al descubrirse vetas de buena ley. Movilizan junto a las hordas de mineros a estructuras criminales. Si el afectado no tiene la potencia de fuego o el favor de la fuerza pública simplemente lo habrá perdido todo. Se quedará observando como una hiena cuando un león le arrancha su presa. En este mundo las muertes son cotidianas y casi ninguna es denunciada. Lo que pasó recientemente en Atico (Arequipa) se escapó de control solo por el número de muertos.

Las entidades estatales con competencia en el tema minero son muy precarias o están comprometidas con la corrupción. Lo cierto es que las direcciones regionales de energía y minas no realizan eficientemente la fiscalización. Al Ministerio de Trabajo no le interesan las condiciones de esclavitud y salubridad de esa masa de 500 mil peruanos. A la OEFA y al Ministerio del Ambiente no les preocupan los enormes daños ambientales que genera esta actividad, especialmente en las plantas procesadoras.

La respuesta del Estado ha sido el intento fallido de formalizar esta actividad. La primera ley con este propósito se promulgó en el 2002. Han pasado veinte años y los mineros formalizados no llegan ni al 10%. A los financistas no les convienen los costos de la formalización. Entonces, ¿cómo se entiende que los grupos de presión y los políticos vinculados a la minería ilegal estén, por enésima vez, detrás de la prórroga de la formalización? La respuesta es simple, porque solo al amparo de esa ley podría funcionar toda la cadena de suministro del negocio. Mantener permanentemente abierto el Reinfo permite el traslado y la comercialización de material minero sin ser controlados ni investigados por la fiscalía, en suma, les da una conveniente cobertura de impunidad.