Desde su creación en 1969, los países de la Comunidad Andina (CAN) se concertaron para revolucionar la integración, creando un acuerdo por el que la complementariedad de esas naciones se rigiese por normas comunes, con beneficios mutuos preferenciales que buscaban promover un desarrollo armónico e integrado. El nivel de compromiso fue tal, que decidieron que aquellas normas que adoptaran conjuntamente se transformarían automáticamente en leyes obligatorias y supranacionales.
El original Acuerdo de Cartagena ha ido evolucionando a lo largo de las décadas para convertirse hoy, en el siglo XXI, en la Comunidad Andina, un sistema de entidades distintas pero relacionadas, como son el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la CAN (integrada por los ministros de Comercio), la Secretaría General de la Comunidad Andina, la Corporación Andina de Fomento (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), el Tribunal Andino de Justicia, el Parlamento Andino, el Organismo Andino de Salud y otros cuerpos.
A lo largo de su historia, la CAN ha alcanzado logros importantes como el establecimiento de una zona de libre comercio en la que la totalidad de los bienes andinos circulan libremente sin pagar impuestos, la libre movilidad de los ciudadanos andinos por los cuatro países sin necesidad de una visa o pasaporte, el acceso al servicio de ‘roaming’ internacional sin cargos adicionales, una entidad jurisdiccional que resuelve las diferencias entre estados, empresas o personas relativas a las materias cubiertas por el mecanismo de integración, por mencionar algunas de las principales acciones que benefician directamente al ciudadano.
Pero la Comunidad Andina enfrenta hoy en día otro reto: la amenaza a la estabilidad democrática de sus países por parte de una delincuencia organizada transnacional. En torno de ese flagelo, los violentos sucesos sufridos por Ecuador recientemente fueron el catalizador para concertarse y actuar conjuntamente.
Ante ello, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y las autoridades a cargo de la seguridad interna de la CAN acordaron, el domingo 21 de enero, un plan de acción con 28 medidas concretas para enfrentar a ese enemigo común. Estuvieron presentes ocho ministros de Estado y ocho viceministros de la CAN.
La Decisión 922 define un plan de acción resolutivo y representa un paso crucial para combatir este flagelo y reafirmar el compromiso conjunto de la CAN en la protección de sus ciudadanos y en la promoción de la seguridad en la subregión.
Se contempla el establecimiento de la Red Andina de Seguridad 24/7, la que proporcionará y recibirá información sobre la actividad de agrupaciones delictivas que tengan, o pudieren llegar a tener, operatividad transnacional y realicen actividades que atenten contra la seguridad pública.
También se ha acordado reforzar los puestos de vigilancia fronteriza para identificar, controlar y neutralizar los pasos no autorizados y desactivar las actividades ilícitas transnacionales, priorizando las relativas al narcotráfico y la trata de personas.
Se llevará adelante el Banco Andino de Datos por el que se buscan establecer mecanismos de intercambio de información migratoria biométrica, biográfica y de otro tipo, de personas que puedan representar una amenaza a la seguridad.
Asimismo, se determinó realizar acciones coordinadas policiales o militares, priorizando las zonas de frontera y la ejecución de ejercicios operativos relacionados con el control del tráfico ilícito de drogas.
Este conjunto de acciones y otras adicionales relativas a tráfico de armas, minería ilegal, intercambio de inteligencia, lavado de activos o situación carcelaria, deberán ponerse en marcha en el más breve plazo, durante el 2024, demostrando la capacidad de respuesta de la Comunidad Andina ante esta grave problemática conjunta, pero sobre todo la voluntad de los cuatro países de la CAN de trabajar coordinadamente frente al crimen organizado transnacional.
La Comunidad Andina está viva, vibrante y actualizada en la respuesta a los retos que enfrentan sus países, superando las diferencias coyunturales que pudieran existir entre sus miembros. Los 115 millones de ciudadanos andinos pueden estar seguros de que se hará el mejor esfuerzo para integrarlos mejor y para mejorar su nivel de vida, enfrentando las amenazas que limitan su desarrollo y su vocación democrática.
Respuestas
