Enero visto a través de los editoriales de El Comercio

El 9 de enero se celebró una reunión del Acuerdo Nacional en Palacio de Gobierno, un foro que reúne a representantes de los tres niveles de gobierno, a los partidos políticos presentes en el hemiciclo y a varias de las organizaciones de la sociedad civil. Tradicionalmente se ha criticado estos espacios por su poca capacidad para generar propuestas concretas que trasciendan las buenas intenciones que suelen ventilarse en ellos. Sin embargo, en un contexto como el actual, el Acuerdo Nacional podría ser determinante para apoyar en la resolución de la crisis que atraviesa el Perú.

“El Acuerdo Nacional ha sido [históricamente] una buena oportunidad para mostrar ante las cámaras alguna voluntad de diálogo entre las partes, pero no mucho más. No obstante, si en algún momento se debe romper con esta anodina tradición, ese tiempo es hoy”.

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El 9 de enero el Perú vivió una jornada funesta. Diecisiete personas fallecieron en Juliaca, Puno, donde una turba intentó tomar el aeropuerto de la ciudad y fue repelida por efectivos policiales. En aquella ocasión, sostuvimos en este Diario que la ley le provee al Estado las herramientas para hacer frente a quienes intente quebrar el orden público y atacar infraestructura privada o pública, y que la respuesta ante la violencia no puede ser más violencia.

“El Estado Peruano cuenta con las herramientas que la ley le ha provisto para hacer frente a estallidos violentos, por más cruentos que estos sean, y para sancionar a quienes incurran en actos criminales amparándose en una concepción deformada del derecho a la protesta”.

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En un panorama como el actual, se suelen perder de vista los nombres de varios de quienes nos empujaron hasta aquí. Personajes como el expresidente Pedro Castillo y dos de sus jefes de Gabinete, Aníbal Torres y Betssy Chávez, tienen una cuota enorme e innegable de responsabilidad por la situación por la que atraviesa el país hoy y no deben ser olvidados, ni por los ciudadanos, ni por las autoridades competentes que vienen revisando los procesos que tienen abiertos en varios frentes.

“La violencia que hoy desatan quienes, en la práctica, vienen exigiendo que se concrete el golpe de Castillo (pues eso es lo que significarían la liberación del golpista, el cierre el Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente) no ha sido azuzada hace algunas semanas; es la germinación de varias semillas que fueron plantadas por el aspirante a dictador y sus secuaces”.

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Los bloqueos y las manifestaciones en el marco de las protestas contra el Gobierno han impactado severamente en el tejido económico de varias regiones del interior del país. Sectores como el turismo, el comercio o la agricultura han contabilizado pérdidas que, además de las económicas, implican las de las personas que se han quedado sin trabajo o, en el mejor de los casos, han visto mermados sus ingresos. La protesta, que es un derecho consagrado en nuestra Constitución, no puede implicar de ninguna manera la paralización de la actividad económica de sectores que ya no recuperarán lo que han perdido en las últimas semanas.

“Existe, pues, el derecho a la protesta pacífica; no existe el derecho a forzar la paralización de la actividad económica del resto de la población. Cuando se asienten las cifras económicas oficiales de diciembre del 2022 y enero del 2023 quedará más clara la extensión del daño ocasionado, pero es obvio que en regiones como Puno y Cusco las pérdidas serán cuantiosas”.

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Las manifestaciones del último mes han llevado a nuestras autoridades y representantes a esbozar algunas salidas constitucionales a la crisis. Entre ellas, la del adelanto de elecciones aparece como la más factible, no solo porque un grueso de la ciudadanía, a juzgar por las encuestas de las últimas semanas, la demanda, sino porque implicaría no agravar aún más la preocupante rotación de presidentes que hemos tenido en el último tiempo.

“La señora Boluarte ocupa el sillón presidencial en acatamiento de lo que la Constitución vigente señala en una circunstancia como la presente. Ella postuló como vicepresidenta en la fórmula de la opción que obtuvo la victoria en los comicios del 2021 y, por lo tanto, era quien debía suceder a Pedro Castillo tras su destitución por la vía de la vacancia”.

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Según la encuesta del IEP-La República de este mes, el apoyo ciudadano a la figura de la asamblea constituyente ha crecido en menos de un año y hoy llega al 69% de la población. Sin embargo, una convocatoria de este tipo podría llevar al país al borde del abismo, tanto por los motivos por los que los encuestados aseguran querer cambiar la actual Carta Magna (básicamente, para darle más poder al Estado a expensas de los ciudadanos) como por la forma nada clara en la que se elegirían a los encargados de llevar adelanto el proceso.

“Quienes promueven una asamblea constituyente como remedio para los males que aquejan al país hoy deben ser conscientes de que existe una enorme posibilidad de que esta termine alumbrando una Carta Magna que le dé más poder al Estado a expensas de los ciudadanos y de la responsabilidad histórica que ello conlleva”.

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Algunas jornadas de manifestaciones en las que la violencia se desbocó fueron el escenario de condenables ataques a los hombres y mujeres de prensa que recibieron, de un lado, perdigonazos de la policía y, del otro, ataques vandálicos que incluyeron hasta el robo de sus equipos de trabajo. El discurso de animadversión hacia la prensa, a la que –como recordamos– el gobierno de Pedro Castillo se dedicó a fustigar sistemáticamente desde el poder, ha venido creciendo peligrosamente en los últimos años hasta desembocar en estos repudiables episodios de agresiones físicas. Esto tiene que parar.

“La carga contra el periodismo independiente que estamos viviendo hoy, por supuesto, no es algo brotado espontáneamente en medio de esta coyuntura. Constituye, más bien, el desborde de una actitud de intolerancia que se ha venido cultivando de tiempo atrás desde las más opuestas trincheras políticas”.

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Madre de Dios se encuentra en un estado dramático, sin combustible, sin alimentos y desconectada del país desde hace más de 20 días. La región es un ejemplo que ilustra claramente por qué no deberíamos tolerar nunca que en nombre de una protesta se bloqueen vías hasta el punto de asfixiar económicamente a una población y condenarla al desabastecimiento y a la desesperación.

“Esta no es una protesta, no importa cuántas veces sus impulsores quieran contrabandearla como tal; se trata de un acto criminal que debe sancionarse con las herramientas que la ley les provee a nuestras autoridades y un intento de chantaje inaceptable que le está haciendo pagar a los madrediosenses los platos rotos por el empecinamiento de unos cuantos”.

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