El Gobierno y las elecciones 2026

Pese al cambio de primer ministro, no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que poco ha cambiado en la agenda de la presidenta Dina Boluarte.

A estas alturas, es casi una obviedad decir que su principal plan político es sobrevivir hasta el 2026 y que, para ello, requiere mantener buenas relaciones con el Congreso y defenderse de las acusaciones por presuntas violaciones de derechos humanos durante las protestas de finales del 2022 e inicios del 2023.

Alberto Otárola, quien antes de ser ministro era abogado personal de la entonces vicepresidenta por el caso de las firmas en el Club Departamental Apurímac, se encargaba de los dos frentes. El nuevo primer ministro Gustavo Adrianzén ya tenía funciones específicas en uno de ellos por su rol como embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) –defender la posición del Gobierno frente a las acusaciones– y ahora le toca asumir el otro.

¿Debemos esperar grandes cambios en la política o en las características del Gobierno tras la llegada de Adrianzén? Para nada. Seguimos en lo mismo, tanto así que, como decía Héctor Villalobos ayer en estas mismas páginas, estamos ante el Gabinete Otárola sin Otárola. El ex primer ministro pudo manejar los tiempos de su crisis y caída, pero, sobre todo, mantener –al menos por ahora– una cuota grande de poder a través de las lealtades generadas en su período. Algunos cambios puede haber, pero dudo que sean significativos.

¿Qué ofrece Adrianzén? Por ahora, la mayor referencia viene de aquello que declaró el sábado al periodista Fernando Carvallo en RPP. En resumen, el nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros señala que las prioridades del Gobierno van por el lado de la reactivación económica, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

Nada nuevo bajo el radar en términos de narrativa. Queda por verse si hay algo más concreto que el discurso al que ya estamos acostumbrados (y del que seguro muchos estamos aburridos). Más acciones y menos floro dirían algunos, pero toca darle al nuevo ministro algunas semanas para ver qué puede hacer.

Y esa es parte de nuestra tragedia. Con mucho respeto a los funcionarios que tienen las mejores intenciones de incorporarse al Estado a servir, vivimos en medio de la improvisación y el caos. Nadie por ahora tiene un manual básico de herramientas o políticas serias que nos ayuden a salir del bache.

Un tema interesante de la entrevista bajo comentario es que Adrianzén declara que con su experiencia en la OEA ha hecho un “curso rápido” del que obtuvo un nuevo concepto del diálogo, cuya relevancia ha aprendido a valorar. En esa línea, anunció que iniciará una ronda para conversar con todo el mundo en busca de consensos. Insisto, el diálogo siempre es positivo y, más allá de que ahora se dará como parte del “show” que se genera con la llegada de un nuevo primer ministro, ojalá sirva para algo.

Pero lo más interesante es lo que dice luego de mencionar el diálogo. Declara que es momento de empezar a “perfilar un país que el año próximo entra en un período electoral sumamente importante y que la voluntad es conducir al país a un proceso donde garanticemos transparencia, plena participación y donde, sobre todo, los resultados reflejen lo que los ciudadanos esperan”.

Esta postura es clave, pues el Gobierno empieza a –tratar de– perfilarse como uno de transición. Esto ayuda a su narrativa de sobrevivencia –si ya estamos en período electoral, entonces para qué hablar de adelantos– y pone los reflectores en otros actores.

Es tan poco esperanzador –por no decir triste– lo que vemos en el día a día de la gestión pública que no solo Adrianzén está pensando ya en el 2026. La llegada de la bicameralidad y la cercanía de algunos plazos ligados a la inscripción de partidos y afiliaciones hacen que nuestra clase política esté muy activa en esos avatares aunque aún ello no trascienda mucho a la opinión pública.

El rol del Gobierno es clave en este período, sobre todo porque su posición no es absolutamente neutral. Puede tener que opinar de propuestas legislativas que incidan en la elección y dudo que su postura sea institucional, sino más bien alineada a los intereses de las mayorías congresales (que son quienes, al fin y al cabo, lo soportan), que no son, necesariamente, las mejores para el país.