Botón de muestra

El complejo escenario planteado por la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que repone a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, ha generado un gran caos y ha puesto a la administración de justicia como un punto ineludible del debate político.

Un primer aspecto por considerar es el ámbito en el que esta discusión debe circunscribirse. Por distintos espacios, se ha visto circular opiniones de penalistas, constitucionalistas y quizá por los innegables ribetes que tiene hasta de analistas y actores políticos. Pero la esfera más pertinente corresponde al derecho administrativo y la opinión de estos especialistas casi no se ha consultado.

En segundo término, es importante señalar que las resoluciones, gusten o no, deben cumplirse. El propio sistema democrático brinda a los altos funcionarios recursos para la apelación si se considera y corresponde. Mientras este proceso se desarrolle, toca cumplir lo que las autoridades hayan resuelto.

Poniendo un símil futbolístico, optar por no respetar las resoluciones equivale a que un futbolista se niegue a dejar la cancha al ver una tarjeta roja. En tal situación, el jugador debe abandonar el campo, al margen de si la decisión del árbitro es justa o no. No hacerlo desencadena el desorden y, en caso extremo, conduce a la suspensión del partido.

Dicho esto, la decisión de la JNJ presenta una suma de irregularidades, impropia de un organismo que debiera alejarse de toda controversia. Así, las cosas, las decisiones meditadas parecieran estar absolutamente ausentes entre sus integrantes.

Algo de ello decía uno de sus integrantes, Francisco Távara, ausente en la votación sobre el Caso Benavides. “Pienso que mis colegas, más que todo el presidente y la vicepresidenta, debieron meditar más sobre la trascendencia y madurar más sobre esta decisión, compartir más con los colegas, yo no conozco si lo han discutido. El día 6 fue vista la causa, sé que el 9 se reunieron a discutirlo, ese día supuestamente tomaron la decisión, no sé qué tiempo les habrá llevado y el 13 sale la resolución. Me parece demasiado apresurado en un tema de tanta trascendencia”, le dijo Távara a Fernando Carvallo (RPP, 17/6/2025).

Por lo demás, no debe olvidarse que, en los últimos años, el Ministerio Público ha protagonizado titulares por la crónica inestabilidad que presenta. Este tipo de disputas vienen siendo recurrentes, al menos desde el 2014, cuando Carlos Ramos Heredia fue removido del cargo de fiscal de la Nación.

El plazo coincide con la investigación del Caso Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción del milenio, y la creciente politización de la justicia. Prueba de ello puede ser la irregular intervención del primer ministro Eduardo Arana sobre las medidas restrictivas del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, otro botón de muestra.