Sin miedo al éxito

“Si no está roto, no lo repares”, “equipo que gana no se cambia” y otros adagios urbanos muestran el temor humano al cambio. Frases similares he oído de amigos economistas, abogados y empresarios que rehuían a abordar temas como el capítulo económico de la Constitución en foros públicos de discusión, artículos de opinión o, incluso, libros.

Encontraba comprensible pero no justificable el resquemor, por razones que explicaré más adelante. Pero esta tesitura hacía crecer mi entusiasmo por el proyecto para el que me convocó la Cámara de Comercio de Lima (CCL), liderada por Rosa Bueno de Lercari, unos meses atrás: evaluar el capítulo económico de la Constitución. Y, de ser necesario, plantear ideas para mejorarla.

Treinta años es un plazo de vida corto para una Carta Magna, pero no excesivo para revisarla. Más aún cuando se han presentado más de 200 proyectos de leyes de reforma constitucional y cada cinco años (o menos) acudimos a unas elecciones generales en las que el principal caballo de batalla de unos partidos consiste en tirar al tacho el capítulo de la Constitución –el económico– que sus defensores califican como el más sobresaliente.

¿Por qué, entonces, esquivar el debate de aquello que motiva posiciones tan marcadas? Si lo que está en juego es algo tan trascendental como el rumbo económico del país, la riqueza o pobreza de una nación, el bienestar de millones de peruanos, ¿no convendría informar prontamente a las personas y darles toda la evidencia necesaria para que no se vean sorprendidas en la próxima campaña electoral? ¿Por qué esperar hasta semanas antes de acudir a las urnas y recién allí invertir en spots comerciales tan improvisados como despavoridos? Muy poco, muy tarde y muy torpe.

“Verdades y Mitos de la Constitución Económica de 1993″ es el libro que escribí con esa vocación informativa. Y me alegra que un gremio empresarial como la CCL haya decidido comprometerse con ese esfuerzo.

No hago spoiler a ningún lector cuando señalo que, desde un punto de vista normativo, el capítulo económico de nuestra Constitución es notable. Probablemente, de entre todos los textos constitucionales de la región en materia económica, sea el más completo, justificado y predecible (qué importante este adjetivo cuando se trata de inversión privada). Ello sin soslayar sus imprecisiones u omisiones que, en la mayoría de los casos, la jurisprudencia constitucional y administrativo-económica ha sabido paliar.

Pero, más allá de las ideas que cada uno se pueda formar sobre la conveniencia de las reglas constitucionales-económicas que rigen en nuestro país, lo importante es conocerlas. En simple, con ejemplos concretos y aplicaciones cotidianas. Eso es lo que intentamos hacer con este libro. Aproximar al lector a un texto cuyo dominio no debería ser exclusivo de letrados ni académicos. No tiene sentido entrar a un debate de reformas sin conocer primero lo que se pretende modificar.

Y el título de “Verdades y Mitos” surge, precisamente, de la constatación de que muchas de las iniciativas de reforma constitucional partían de lecturas de la Constitución que carecían de sustento. Una de estas fábulas es la que asevera que “la salud no es un derecho en la Constitución, sino un negocio. Y que el Estado está atado de manos porque se debe dar prioridad a la oferta privada”.

Pero esa leyenda no tiene fundamento. No solo la salud está prevista explícitamente como un derecho (artículo 7), sino que existe un mandato específico de actuación especial del Estado en este sector, contemplado en el artículo que inicia el título económico de la Constitución y consagra el modelo de economía social de mercado (artículo 58). Esto ha motivado que, en la práctica, el Estado ofrezca directamente servicios de salud sin que la oferta privada sea una limitante. Dicho en otras palabras, no aplica la regla de subsidiariedad (la empresa estatal solo surge en defecto de la oferta privada) cuando se trata de un servicio de salud, en el que el Estado tiene un deber asistencial que cumplir.

Peor aún, es un sinsentido intentar contraponer la oferta privada y la oferta pública de salud en un país con brechas gigantescas como la pandemia del COVID-19 puso en evidencia. Si los hospitales públicos son insuficientes, la oferta privada podría ayudar a cubrir parte de la demanda insatisfecha. No se trata de reemplazar una por otra, sino de buscar la complementariedad y que los recursos públicos puedan destinarse prioritariamente a las personas con menores capacidades adquisitivas.

Varias ficciones se construyen en la discusión político-económico nacional, germinando falsos dilemas que nos atrapan e impiden pasar a debates menos superfluos. Uno pensaría que 30 años después, la existencia del derecho a la salud no estaría en entredicho, sino que la atención de los legisladores y hacedores de política pública estaría focalizada en desafíos concretos y apremiantes. Como, por ejemplo, medidas innovadoras para la gestión inmediata de camas UCI en situaciones de emergencia sanitaria, o la eficiencia comparativa de sistemas de administración público-privada para el abastecimiento y logística de medicamentos para el tratamiento de enfermedades raras, o la implementación de programas de atención y seguimiento de la salud mental de víctimas de violencia de género.

Nuestro atraso institucional, como en tantos otros ámbitos, es multifactorial, pero es penoso que una variable explicativa sea la ignorancia o la desinformación… tres décadas después. Hay que acercar nuestro texto constitucional económico a todos los ciudadanos, sin miedo.

PD: “Verdades y Mitos de la Constitución Económica de 1993″ se presenta el viernes 4 de agosto, a las 2:00 pm, en la Feria Internacional del Libro de Lima.