Un Congreso soñado, por Alfredo Torres

La reunión convocada por el presidente del Congreso de la República estaba repleta. A su lado, en el estrado, se encontraban ya sentados el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el presidente del Banco Central de Reserva y el defensor del Pueblo. En cuanto hizo su ingreso el presidente de la República, todos se pusieron de pie y la sala lo recibió con un caluroso aplauso.

Sin mayor dilación, el presidente del Congreso empezó: “Agradezco, señor presidente, que nos honre con su presencia en esta reunión en la que queremos dar un gran paso adelante en el trabajo conjunto entre las distintas instancias del Estado para avanzar decididamente al desarrollo político, económico y social de nuestro país. En esta ceremonia estaremos suscribiendo sendos convenios de cooperación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Banco Central de Reserva (BCR) y daremos cuenta de los primeros resultados del convenio que suscribiéramos con la defensoría tres meses atrás”.

A continuación, el presidente del JNE explicó: “El convenio que estamos suscribiendo tiene por objetivo la reforma política para mejorar la calidad de nuestra democracia y, sobre todo, evitar que la corrupción ingrese a la política. En un grupo de trabajo que hemos formado con la Asociación Civil Transparencia, hemos llegado a la conclusión de que lo primero es corregir el control del financiamiento de los partidos. Por ejemplo, creemos que la información de los ingresos y gastos de campaña debe ser transparente y que debe haber sanciones severas para los partidos políticos y candidatos que incumplan estas normas”.

Luego, el presidente del BCR señaló: “Nuestro convenio es para una asesoría permanente al Congreso para que todos los proyectos de ley tengan un adecuado análisis costo-beneficio cuantitativo, de manera que los congresistas tengan en cuenta esta información al momento de votar. En especial, queremos contribuir a que no se promulguen leyes que afecten la situación fiscal del país y que, más bien, se promulguen leyes que contribuyan al incremento de la productividad nacional”.

Finalmente, el defensor del Pueblo declaró: “Como ustedes recordarán, el convenio que suscribimos con el Congreso fue para apoyarlos en la organización de una valiosa iniciativa parlamentaria para promover el uso de las comunicaciones para el desarrollo social. Esta iniciativa se concretó en la organización de un concurso anual de efectividad en la comunicación social. Los criterios que hemos establecido para la premiación son la creatividad de la estrategia desarrollada, el uso eficiente de medios de comunicación para el logro de los objetivos y la relevancia de los resultados alcanzados”.

“Quiero agradecer a los siete congresistas de diferentes bancadas que integran el jurado del Concurso de Comunicación Social, por la ardua tarea de haber revisado más de cien casos presentados por diferentes dependencias de 10 ministerios, 8 gobiernos regionales y 6 organismos autónomos, incluyendo la recientemente creada Autoridad del Transporte Urbano”.

Trascendió que entre los casos más significativos del concurso están las campañas para promover la prevención de la anemia en madres gestantes y niños menores de 5 años, la alimentación saludable de los niños en edad escolar, la educación con ternura y respeto en hogares y escuelas, la sensibilización de los estudiantes de sectores populares para que culminen su educación secundaria, el lavado de manos, la vacunación contra diferentes enfermedades, la orientación para detectar los síntomas de la tuberculosis, la prevención del cáncer de mama, el cumplimiento de las reglas de tránsito y las campañas para combatir y denunciar la violencia de género y la trata de personas, el racismo, el acoso en el transporte público, el trabajo infantil, el incumplimiento de las normas de seguridad en los centros de trabajo y el programa de recompensas de la Policía Nacional.

Sonó el despertador. Había sido todo un sueño. Nada de esto es verdad. Al contrario, el Congreso actual ha eliminado la facultad que tenía la ONPE para pedir reportes de gastos durante las campañas electorales y ahora solo podrá hacerlo cuando ya se proclamaron los resultados, demasiado tarde para una sanción efectiva. En cuanto a los análisis costo-beneficio, la frase más común es “el presente proyecto de ley no irroga gastos al erario nacional”, lo que por supuesto está lejos de la realidad en muchos casos. Y finalmente, la realización de campañas sociales de gran impacto en el cambio de conductas será imposible si el Congreso insiste en la absurda ley que prohibiría la publicidad estatal.

Sin embargo, nada de lo imaginado aquí es imposible, si hay buena voluntad. El Congreso peruano, que se encuentra severamente desprestigiado, debería pensar seriamente en medidas como estas para recuperar la confianza de la ciudadanía. El clima de unidad nacional que se ha creado con el inicio del gobierno del presidente Martín Vizcarra es un buen momento para cambiar de actitud.