Aunque la gravedad del fenómeno de El Niño estaba cantada desde hace meses, todo indica que no queda mucho más espacio para ejecutar obras de prevención y lo que queda ahora es hacer lo que se pueda para mitigar el daño que las mayores temperaturas y lluvias tendrán sobre la economía.
Aunque la gravedad del fenómeno de El Niño estaba cantada desde hace meses, todo indica que no queda mucho más espacio para ejecutar obras de prevención y lo que queda ahora es hacer lo que se pueda para mitigar el daño que las mayores temperaturas y lluvias tendrán sobre la economía.
Y eso es lo que busca el paquete de medidas contracíclicas que ha anunciado ayer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que aumentarán el presupuesto del 2027 en S/18.000 millones. ¿De dónde saldrá ese dinero? El gobierno ha decidido elevar el techo del déficit fiscal, postergando desde el 2028 hasta el 2031 el horizonte en el que se espera volver a cumplir la regla fiscal que determina que la diferencia entre los gastos y los ingresos del Estado Peruano no debe superar el 1% del PBI.
Para el 2027, el MEF propone elevar el tope del déficit de 1,4% a 2,4%, lo cual permitiría al gobierno de Keiko Fujimori no tener que ajustarse los cinturones en plena crisis generada por El Niño.
Si lo miramos desde la teoría, un paquete contracíclico, en contra de la corriente, es exactamente la receta para evitar que el golpe de este fenómeno climatológico sea tan contundente como se espera.
Para aliviar a las familias más vulnerables, se plantea un bono que costaría un total de S/2.500 millones. Para mantener más o menos a flote a las empresas, el paquete propone aplazar los pagos adelantados de impuestos y la liberación de saldos de las cuentas de detracciones, así como brindar garantías estatales para que las mypes accedan a préstamos.
En este espacio también se evalúa permitir la suspensión perfecta de labores para que las compañías que no puedan operar no tengan que despedir a sus trabajadores.
Pero si lo miramos desde la experiencia, será importante asegurar que los recursos lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan y aún más difícil será que se ejecuten los S/13.000 millones que se busca destinar a culminar obras de infraestructura y los S/ 2.000 millones que se quiere invertir en mantenimiento de escuelas, comisarías, carreteras y centros de salud, debido a las probadas debilidades de nuestro aparato estatal, al cambio de autoridades subnacionales y a que las obras deberán esperar a que culminen las lluvias.
También es importante tener en cuenta que esos S/ 18.000 millones no incluyen obras de reconstrucción, así que seguramente se tendrán que encontrar más ingresos para financiar esos mayores gastos sin afectar el cumplimiento de la nueva regla fiscal. El MEF confía en que será posible, pero si los precios de los minerales bajan, nuestra situación podría complicarse.