La aprobación de la ley de facultades delegadas abre una nueva etapa. En el Congreso nace por fin un centro político conformado no por la bancada de Buen Gobierno, como debió ser por la relativa afinidad programática con Fuerza Popular, sino por Obras, cuyos dirigentes Ricardo Belmont y Daniel Barragán definieron claramente que “no son obstrucción sino solución”. Ese centro, si se consolida, será muy importante porque le dará cierta gobernabilidad al Ejecutivo, que hasta hace poco enfrentaba una oposición obstruccionista de izquierda en Diputados, que hubiera impedido la aprobación de reformas de segunda generación necesarias para transformar el Estado y simplificar la formalidad, reformas para las cuales esa cámara se negó a dar facultades.
Mientras tanto, el fin del capítulo de las facultades desencadena o destraba al Ejecutivo. Todavía deberá enviar proyectos de ley al Congreso, pero avanzará con decretos legislativos y con decretos de urgencia en todo lo que se pueda. Se había venido manejado con extrema mesura en decisiones y declaraciones para no enervar la aprobación de facultades, pero apenas producida la raquítica delegación vimos al primer ministro Luis Galarreta señalar frontalmente la mezquindad de la oposición radical por entregar apenas 20 facultades, a varios ministros explicar todo lo que no se va a poder hacer a consecuencia de la avaricia legislativa, y al propio ministro de Economía declarando ayer que el Congreso le ha dado un “portazo” al país. Ahora se habla más claro.
En realidad, la presidenta ya había cambiado el tono desde que entendió que el Congreso entregaría poco y empezó a emitir mensajes de mayor firmeza y acción. Creó el Comando Unificado sin esperar las facultades para que las Fuerzas Armadas puedan participar, ha expulsado a 637 venezolanos indocumentados, lanzó la política de recuperación del principio de autoridad en los colegios, y comunicó que se venía un “meganiño” de consecuencias devastadoras. Para paliarlas, anteayer anunció que se ampliaría un punto el déficit fiscal el próximo año –de 1,4% del PBI a 2,4%– para agregar 18.000 millones de soles, una decisión de política fiscal contracíclica para la cual el Perú tiene margen macroeconómico, pero exigirá que se aprueben las reformas y se destrabe la economía para que un mayor crecimiento permita volver a reducir el déficit a partir del 2028.
Mientras tanto ya se ha lanzado la reorganización de cuatro ministerios –Minem, Midagri, Minam y Minsa– y se vienen dos o tres más. Esto supone la reducción de direcciones y programas redundantes o inútiles y permitirá ahorros. Es el inicio de la reforma del Estado, que aún debe profundizarse con un plan de digitalización y simplificación tramitológica de sectores clave.
El gobierno ha creado una comisión multisectorial de alto nivel contra la inseguridad, una suerte de estado mayor del Ejecutivo para ir ajustando las estrategias. Deberíamos ver decisiones importantes en Interior y la PNP, en el sistema de inteligencia, y en el trabajo con el FBI, sin lo cual el Comando Unificado no podrá capturar a los líderes de las organizaciones criminales. El ministro Astudillo ha anunciado un equipo para la reforma policial.
El gobierno ha soltado amarras.
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