¿Cuál Fuerza Popular?

En estas semanas, buena parte del debate político gira alrededor de Roberto Sánchez. No es casualidad: todo indica que será quien enfrente a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, y ambos están empatados en intención de votos (Ipsos). Sin embargo, hay un aspecto que ha pasado casi inadvertido y que merece atención: el papel que ha tenido la bancada fujimorista en el manejo de las finanzas públicas en los últimos años.

La inquietud frente a Sánchez es comprensible. Él mismo se ha definido como castillista, ha reivindicado un gobierno que terminó en medio de una crisis política profunda y ha señalado que su propuesta busca continuar esa experiencia. No es solo afinidad ideológica: fue parte de ese gobierno, ocupó un ministerio y nunca marcó distancia respecto a sus decisiones más cuestionadas. Para quienes vimos las consecuencias de ese período –inseguridad, corrupción, parálisis de inversiones, deterioro institucional, pérdida de confianza–, su eventual llegada al poder genera preocupación.

Pero la preocupación no puede ser selectiva. No podemos mirar con lupa a un candidato y hacernos de la vista gorda al analizar al otro.Porque hay una interrogante que sigue sin respuesta clara: ¿con cuál Fuerza Popular nos vamos a encontrar si gana la elección? ¿Con la bancada que actuó en el Congreso en los últimos cinco años o con la que hoy, en campaña, promete responsabilidad fiscal?

Los datos no son menores. De acuerdo con un informe del Ministerio de Economía y Finanzas citado por Ojo Público, entre julio del 2021 y julio del 2025 se presentaron 144 proyectos de ley con alto costo fiscal. De ese total, los partidos cuyos proyectos afectan más la recaudación según el MEF son Acción Popular (46%), seguido de Perú Libre (15%), Somos Perú (10%) y Fuerza Popular (9%).

Para entender la magnitud: el Perú ya ha incumplido su propia regla fiscal durante dos años consecutivos. En el 2024, el déficit alcanzó el 3,6% del PBI, por encima de la meta de 2,8%, y todo indica que en el 2025 el desvío se mantendría, según las proyecciones del propio MEF. Este tipo de desbalances no se queda en el plano técnico. Termina afectando el crecimiento, presionando la inflación y reduciendo el espacio para políticas públicas orientadas a combatir la pobreza.

Dentro de las iniciativas propuestas por Fuerza Popular hay medidas de distinto tipo: exoneraciones tributarias, cambios en regímenes pensionarios o beneficios focalizados para ciertos sectores. Cuando se analizan en conjunto, el impacto deja de ser puntual y se convierte en una presión constante sobre las cuentas públicas.

Frente a esta evidencia, la respuesta desde la campaña ha sido, por decir lo menos, contradictoria. Marco Vinelli, uno de los voceros del plan de gobierno de Fuerza Popular, ha reconocido que las finanzas públicas están deterioradas y ha planteado llevar al Tribunal Constitucional aquellas leyes que afecten el equilibrio fiscal, sin importar quién las haya promovido. En otras palabras, el partido propone cuestionar normas similares a las que su propia bancada impulsó en el Congreso.

La contradicción es difícil de ignorar. Más aún, si consideramos la elevada cantidad de diputados y senadores que pertenecerían a Fuerza Popular del 2026 al 2031. Por eso, la pregunta no es retórica. Es central en esta segunda vuelta, para quienes nos importa la estabilidad económica. Sánchez representa un riesgo evidente, con antecedentes recientes y documentados. Ese riesgo está siendo discutido. Pero el frente fiscal también debería estar bajo escrutinio.

No porque ambas candidaturas sean equivalentes en este aspecto (para Roberto Sánchez claramente la estabilidad fiscal no es una preocupación), sino porque la disciplina fiscal no se construye con promesas de campaña. Se demuestra con decisiones consistentes en el tiempo.

Por más problemas que veamos en la candidatura de Roberto Sánchez, si el fujimorismo quiere ganar las elecciones todavía tiene una explicación pendiente.