Cuando la política va a juicio

Las noticias judiciales parecen dominar los espacios periodísticos dedicados a la actualidad nacional. Eso es perjudicial para la democracia.

Los peruanos que quieren informarse sobre los asuntos públicos deben pasar todos los días por una especie de curso de derecho penal y aprender conceptos como “prisión preventiva”, “organización criminal”, “lavado de activos” y similares.

No parece ser un curso muy exitoso, por lo demás. ¿Cuántos peruanos entienden el conflicto entre las fiscales Benavides y Espinoza? Muy pocos. La mayoría, incluso los abogados y periodistas, toman partido según su postura ideológica: los que están del centro hacia la izquierda le dan la razón a Espinoza y los del centro hacia la derecha a Benavides. Algo parecido ocurre con los juicios a Humala y Keiko Fujimori por el financiamiento de sus campañas. Son litigios semejantes, pero las opiniones sobre estos procesos suelen ser el reflejo de la posición política del opinante. Hay pocas excepciones. Una de ellas es Ricardo Uceda.

Por cierto que los juicios por corrupción son importantes. El problema es el lugar excesivamente prominente que hoy se les da en las noticias. La razón de ser de la política son las políticas públicas, no las investigaciones ni los procesos judiciales contra políticos y funcionarios. Son las políticas las que deberían centrar la atención de la ciudadanía.

Esta intromisión del derecho penal en nuestras discusiones públicas tiene varias causas. Mencionaré dos. La primera es que, en el Perú, el debate político ha girado casi siempre más en torno a personas que a programas. Es una distorsión de la que son responsables tanto los medios de comunicación como los partidos políticos. La discusión sobre los asuntos colectivos se ha personalizado a tal punto que hoy parece una contienda dedicada casi exclusivamente a desacreditar moral y legalmente a los rivales. El lenguaje del derecho penal sirve de arsenal para esta tarea infame.

La segunda causa es que las historias periodísticas sobre juicios e investigaciones por corrupción tienen algo de crónica policial. Son más entretenimiento que información. Generan más sensaciones que pensamientos.

En democracias más vigorosas que la nuestra, los espacios periodísticos no dedican tanto tiempo a la interpretación de tal o cual ley, ni a acusaciones, con sustento o sin él, de delitos. En esas democracias la discusión está centrada en las políticas públicas y sus resultados. Es decir, en las cosas que sí impactan en la vida de la gente. Sin debate de políticas públicas la actividad política misma se convierte en un engaño.

Incluso en la democracia estadounidense, hoy atravesada por escándalos judiciales-políticos, se sigue atendiendo más a las políticas públicas y los problemas sociales que a lo que ocurre en los tribunales.

De manera similar, nosotros deberíamos dedicar más tiempo y energía a hablar sobre temas cruciales. Por ejemplo, sobre el futuro de las AFP y el sistema previsional, un tema sobre el que la mayoría no tiene información suficiente y sobre el que los partidos no muestran aún posiciones entendibles. Lo mismo ocurre con la nueva ley agraria, criticada tanto por liberales de mercado como por izquierdistas. Debió ocupar primeras planas y horarios estelares. A estos se suman muchos otros asuntos pendientes que no reciben suficiente atención.

La contienda electoral del 2026 apunta a ser esa justa seudomoralista y legalista en la que se ha convertido nuestra política. Habrá espacios pequeños dedicados a debatir los programas de gobierno.

Pero si los debates sobre políticas públicas no adquieren un lugar más importante en nuestras mentes y corazones, seguiremos dominados por la polarización y la fragilidad institucional.