Desafío audaz sobre la mesa del poder

La presidenta Keiko Fujimori ha lanzado el desafío más audaz que un mandatario entrante haya planteado en los últimos 25 años, en función del férreo compromiso de su gobierno con una ambiciosa exigencia de resultados y rendición de cuentas.

Lo ha hecho de manera contundente desde el podio de recepción de sus credenciales electorales, ahorrándonos casi por completo el suspenso respecto de lo que tendrá que decir en su asunción al poder, el martes 28 próximo.

Se trata de imprimir un giro de 180 grados sobre la presidencia misma, sobre su Consejo de Ministros y sobre quienes, sin ser de Fuerza Popular, quieran formar parte del gobierno o quieran mantenerse como oposición vigilante o como recalcitrantes adversarios.

El desafío es triple: a su propio liderazgo de gobierno y de Estado, que de inmediato será medido en la conducción y el desempeño de su gabinete ministerial; a la voluntad de hacer que el Estado no solo funcione, sino que sea fuerte en la generación de confianza y autoridad; y a la construcción de espacios políticos comunes, donde se puedan ventilar desacuerdos, manejar conflictos e hilvanar reconciliaciones y consensos, sin que estos sean meros saludos a la bandera.

Su primer desafío llevará a Fujimori a tener que definir, en cada paso, el carácter democrático de su liderazgo, como ella misma lo quiere y como lo exigen las circunstancias: un liderazgo democrático fuerte, estrictamente sujeto a la ley y a la Constitución. El manoseado estereotipo de que en ella habría una encarnación genética autoritaria no resiste el menor análisis. Lo cierto es que un gobierno puede combinar perfectamente el principio de autoridad y el Estado de Derecho. La ausencia de esa combinación propicia el reclamo de dictaduras y autoritarismos cuando nos devora el caos. La Constitución vigente es en sí misma todo un principio de autoridad y toda una garantía de los derechos humanos. No hay modo de que quien crea de veras en ella derive en autócrata.

Parte de ese primer desafío, respecto de su liderazgo, es su condición de jefa de Gobierno y jefa de Estado. Se le va a requerir, sobre todo en la recuperación de la institucionalidad perdida, una demostración palpable de que ella está por encima de la organización política del país. En su esfera de influencia, y no de mando directo, están, con el respeto de las autonomías y jurisdicciones correspondientes, desde el Congreso hasta la Contraloría, pasando por el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. Ella no es solo la presidenta y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales; es también la conductora y encarnación del país.

El segundo desafío, el de hacer que el Estado funcione y sea todo lo fuerte que pueda, compromete fundamentalmente al Consejo de Ministros y a quien lo conduce: el jefe de Gabinete, llamado también “primer ministro”.

Mientras se abre la interrogante respecto de qué es lo que vendrá en poco tiempo en este cuerpo ejecutivo, hay una interrogante más por conocer: cuál será la respuesta del Congreso y la oposición a la rama de olivo firmemente extendida por la presidenta electa.