Cada que vez que un presidente, candidato o político lanza la propuesta sobre la aplicación de la pena de muerte para crímenes atroces (como los que vemos en estos días), viene a mi mente la figura del recordado y querido ‘Pecoso’ Ramírez, promotor y director de la barra peruana en las cuatro tribunas del Estadio Nacional en los años 80, que al unísono respondían a sus gesticulaciones.
El último personaje que, salvando las diferencias (porque el ‘Pecoso’ era bastante más querido), pretende catalizar la emocionalidad de las masas (para el caso, indignación y sed de justicia) es la presidenta Dina Boluarte, con su llamado a debatir sobre la pena capital para delitos graves.
A sabiendas de que el tema es polémico, pero no tendrá ningún efecto práctico, aunque llenará centímetros de columnas y minutos de debate en los medios, la jefa del Estado lanza el hueso tras el que correrán unos y otros, mientras la ola de criminalidad avanza indetenible y su ministro del Interior sigue sin desprenderse del fajín pese a haberlo ofrecido.
Una suerte de “fuga hacia adelante” para evadir el tema de fondo: el total descontrol e incapacidad del Gobierno para ofrecerle al país alternativas y resultados frente al crecimiento de la violencia delincuencial.
Pero, al mismo tiempo y más allá del ánimo distractor de Boluarte, no solo están los candados constitucionales y legales para la aplicación de esta figura y el hecho de que a nivel internacional la gran mayoría de países la hayan eliminado por su mínimo impacto disuasivo. También presupone contar con operadores de justicia (Poder Judicial, Ministerio Público y policía) con algún nivel de eficiencia y confiabilidad.
Hoy estos estamentos, por un lado, ni siquiera pueden con los delitos menores (los delincuentes son liberados en menos de lo que canta un gallo) y, en simultáneo (como nos consta), terminan siendo draconianos en algunos casos cuando de perseguir enemigos políticos o ideológicos se trata.
El derecho penal moderno se construyó, entre otros pilares, bajo la premisa de que era crucial reducir el error judicial para evitar abusos. Nuestro sistema de justicia no solo no ofrece garantías, sino que está condicionado por factores como la presión política, mediática y la corrupción.
Por lo que solo pensar en el procesamiento de personas para aplicar la pena de muerte en el Perú resultaría un ejercicio kafkiano.
Mejor dedíquese a hacer bien su trabajo, presidenta.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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