Duelos al amanecer antes del 2026

Si continúa agravándose la confrontación pública en el Perú, con los “duelos a muerte” que se libran a diario en la vida política y judicial, es probable que el paso electoral del 2026 a un nuevo régimen sea un borrascoso paso a la anarquía total.

Pareciera que caudillos y partidos, jueces y fiscales, imputados y tribunales, gobernantes y opositores se hubieran propuesto arruinarlo todo y con tanta anticipación hacia un abril y junio del 2026 precisamente previstos para que el voto ciudadano pueda, en la repetida esperanza nacional de siempre, arreglarlo todo.

Duelos al amanecer, no de confrontación emocional como la sugerente canción del español Alejandro Sanz, sino de sistemática virulencia verbal y de confusas acciones legales contrapuestas, configuran el panorama político y judicial de estos días. Unos buscan no dejar candidato o partido sin cabeza en anticipada carrera electoral y otros pugnan por no dejar fiscal o juez sin cabeza en abiertas y encubiertas disputas por poderes y posiciones sobre arenas legales y constitucionales movedizas.

El enfrentamiento radical entre precandidatos presidenciales como Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, y Philiph Butters, de Avanza País, antes aparentemente cercanos, está llegando a un punto crítico que podría generar en ambos un daño autodestructivo irreparable. Del mismo modo, la orden de la Junta Nacional de Justicia de reposición en su cargo a la destituida ex fiscal de la Nación Patricia Benavides y la resistencia a acatarla de parte de la fiscal de la Nación en funciones, Delia Espinoza, podría arrastrar al Ministerio Público a su peor abismo: el del caos y el colapso institucional.

En el caso de los partidos y sus liderazgos el problema ya no es la amenaza latente de mayor fragmentación política, por las bajas vallas de admisión, sino la amenaza de mayor autodestrucción entre los hoy vigentes. Inclusive los mayores partidos surgidos en los últimos 25 años, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, pasan hoy por la dura prueba parlamentaria de cómo salir ilesos, de aquí al 2026, de sus cuotas de “gobernabilidad” y de “sostenimiento” al actual gobierno, que sin duda les acarrean desgaste y desaprobación.

Así como el proceso autodestructivo de partidos y liderazgos deja a la democracia sin sus fundamentales pilares políticos, el proceso autodestructivo de jueces y fiscales deja a esta misma democracia sin sus garantías de protección fundamentales, más aún ante eventuales alteraciones autoritarias del orden, del poder y del Estado.

Los duelos políticos y judiciales al amanecer de estos días parecen anticiparnos, demasiado prematuramente, la naturaleza confrontacional y violenta de las campañas electorales de primera y segunda vueltas del 2026, y el traslado de esa misma naturaleza confrontacional y violenta a la toma de posesión y funciones de las futuras nuevas autoridades ejecutivas y legislativas.

A falta de una jefatura de Estado, realmente capaz de imponer orden y moderación en el país, solo el uso sensato y responsable de los propios mecanismos legales y constitucionales de la democracia peruana podría alejarnos, rápida o gradualmente, del estado de preanarquía política y judicial que estamos viviendo.