El hombre del escuadrón

En un momento en el que la sociedad favorece medidas eficaces contra la criminalidad que incluyan mayores garantías para miembros de la policía, se reveló la captura del comandante en situación de retiro Raúl Prado Ravines. Está implicado en al menos 33 asesinatos, durante operativos en los que habría participado como oficial de inteligencia de la PNP. Los crímenes son vistos en tres procesos distintos, en uno de los cuales el detenido tiene sentencia de culpabilidad, con 35 años de prisión, mientras otros dos aún no llegan a juicio oral. En todos los casos alega inocencia. Desde el comienzo hubo discusión respecto de la pertinencia de las acusaciones, con versiones que enfrentaron a políticos, a policías y hasta a periodistas. De algún modo las controversias continúan hasta hoy.

Algunas posturas merecen ser rechazadas de plano. Este año, por ejemplo, el ex ministro del Interior, Juan José Santiváñez, atribuyó los procesos que involucran a Prado Ravines a la acción de enemigos de la policía. Santiváñez fue su abogado antes de formar parte del Gobierno, y corresponde aludirlo porque continúa en una posición de poder. Opinó en Piura, donde se cometieron parte de los asesinatos. El entonces ministro encomiaba al Congreso por haber aprobado un proyecto de ley que impide la prisión preventiva contra policías que hacen uso de sus armas estando de servicio (al margen de las circunstancias y del costo de vidas). Podría haber defendido la norma con argumentos racionales, pero eligió mencionar ocasiones en las que precisamente hubo homicidios acreditados.

Cuando los caviares atacaron a la policía −dijo Santiváñez−, Piura y Trujillo fueron escenarios emblemáticos. ¿Por qué? Porque empezaron a crear las historias de escuadrones de la muerte y todo lo demás, y debilitaron la seguridad ciudadana. Hay que ser absolutamente claros. Hijos de piuranos están hoy en la cárcel, siendo policías, por luchar contra la criminalidad.

Es preciso detenerse a la referencia a Trujillo para pasar después a Piura. Porque La Libertad es una región acosada por la delincuencia después de que sus autoridades policiales procedieran a una saca sangrienta de pandilleros, ante su complacida población, hace 18 años. Entre el 2007 y el 2008 hubo decenas de ejecuciones extrajudiciales. El entonces jefe policial del departamento, Raúl Becerra, dijo que 46 criminales habían fallecido después de atacar a sus hombres. Según las pericias cada muerto había disparado contra un policía antes de caer abatido. Los trujillanos, que observaban impotentes cómo los malhechores capturados eran liberados en el Poder Judicial, apoyaron resueltamente que fueran liquidados de cualquier manera. Un implacable oficial de la PNP, Elidio Espinoza, quien lideraba las ejecuciones, pasó a ser el hombre más temido de los delincuentes, que preferían entregarse o huir de La Libertad antes que arriesgar su vida. Convertido en héroe local, Espinoza sería elegido alcalde de Trujillo en el 2015, cuando ya era ampliamente conocido como el jefe del Escuadrón de la Muerte.

Pero estos asesinatos no fueron denunciados por ninguna cofradía caviar. Los propios delincuentes formaron una asociación para sensibilizar a la opinión pública. Deudos de víctimas que no tenían relación alguna con el hampa empezaron a deambular inútilmente por comisarías, por fiscalías, por redacciones de medios, sin obtener mayor atención. Después de tres meses de investigaciones, a fines del 2009 Christopher Acosta y yo −mi involucramiento me permite hablar con certeza− logramos elaborar una base de datos de 46 operativos, sin que la publicación en la revista “Poder”, más allá de un cierto impacto político, tuviera un efecto regenerativo en los procesos indagatorios del Ministerio Público. La única fiscal que se atrevió a poner las manos en el caso fue amenazada y marginada. Solo uno de los expedientes llegó bien constituido a un juicio oral, el cual, luego de mil y una peripecias, aún no termina. Elidio Espinoza murió de COVID-19 en el 2021.

En su libro “El Escuadrón de la Muerte. El caso del coronel Elidio Espinoza”, el periodista Renato Sandoval desmenuza la ejecución extrajudicial que llegó a juicio, principalmente debido al impulso de la madre de Carlos Iván Mariños, una víctima de 19 años que nunca estuvo involucrado con la delincuencia. Fue capturado por la policía cuando iba a comprar pastillas para un tío suyo en el barrio de El Porvenir, la noche del 27 de octubre del 2007. Contribuyó la valentía de una panadera que vio la detención y reconoció a Espinoza. En La Libertad, luego de que pasaran al retiro los jefes policiales que encubrieron los delitos, procedentes del gobierno de Alan García (2006-2011), la dificultad principal fue que los fiscales no hicieron las diligencias necesarias que les permitieran evidencias probatorias. No quisieron chocar con la policía departamental. Por otra parte, Sandoval sostiene que si la prensa local hubiera investigado desde el comienzo la mayor parte de las muertes se hubieran evitado. De todos modos, la repercusión que llegaron a tener los casos no procedió de ningún sector político interesado en hacer una policía a su medida.

Lo mismo puede decirse del Escuadrón de la Muerte cuyo liderazgo se atribuye a Prado Ravines. Aunque la denuncia formal la hizo el ministro del Interior Carlos Basombrío (2016-2017), las revelaciones púbicas se debieron a la Unidad de Investigación de América TV dirigida por Carlos Castro Oyague. Como ocurrió en Trujillo, hubo un deudo que resultó siendo fundamental para llamar la atención sobre los asesinatos: el ex jefe de la Diviac, hoy líder de un equipo de la Dinincri, el coronel PNP Franco Moreno Panta. Su hermano, un expolicía, fue una de las víctimas. Antes de que apareciera la denuncia Moreno intentó inútilmente que los hechos fueran investigados dentro de la policía. Los jefes no querían revisar lo que había ocurrido bajo las narices de cinco ministros del Interior, entre el 2012 y el 2015.

Los periodistas de América TV obtuvieron en Bogotá la grabación de una escena escalofriante: el disparo de una ejecución. La filmó desde un inmueble el colombiano Henry Holguín, quien estuvo en Piura durante la ocurrencia. El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria condenó a Prado Ravines y a otros policías por el asesinato de cuatro personas que creían participar en el atraco a un empresario cuando fueron acribilladas. Los perpetradores siguieron el patrón de otros operativos que se investigan en distintos despachos fiscales: policías de inteligencia que engañaban a delincuentes con el cebo de un asalto fácil, y que en la hora de la acción terminaban abaleados. Para entonces, de acuerdo con las imputaciones, la modalidad había permitido abatir a decenas de delincuentes. Este año se decidirá la apelación de la sentencia sobre los sucesos de Piura, con una alta probabilidad confirmatoria. Llegarán a juicio otras 29 ejecuciones que se cometieron en distintos distritos de Lima, Ica y Chiclayo. Hay más de 70 imputados. Es posible que Prado Ravines insista en su inocencia hasta el final, protegiendo a superiores sin quienes su actuación hubiera sido imposible. Es una actitud que podría cambiar.

En los procesos que se avecinan habrá una compleja confrontación entre indicios y evidencias, sobre todo para determinar el espacio institucional en el que pudo desarrollarse esta meritocracia criminal para premios y ascensos, como apuntan los indicios. En Trujillo había un afán de limpieza social. En los operativos que se atribuyen a Prado Ravines la motivación era obtener reconocimientos por acción distinguida, para así ascender dentro de la policía. No es concebible confundir la lucha contra la criminalidad con una infamia semejante. La mayor protección para policías que se enfrentan a balazos con delincuentes o corren el riesgo de ser atacados por ellos es una discusión aparte.