Es imposible dormir tranquilo en el Perú. Y estos últimos 11 días hemos sumado, a la larguísima lista de actividades que nos generan sobresaltos, el prender nuestra cocina a gas, encender la luz o ir a un grifo a llenar el tanque de nuestros vehículos.
En medio de los desasosiegos que asumimos, tristemente, como parte del quehacer diario, ahora tenemos que reconocer que no podemos dar por sentada la seguridad de nuestro sistema energético.
Nuestras autoridades son las que han debido preocuparse –y ocuparse– durante las últimas dos décadas para lograr que el gas natural de Camisea, un recurso abundante y de bajo costo, llegue a más peruanos. Y también han debido actuar para reducir la vulnerabilidad que genera que todo el abastecimiento de este combustible dependa de un solo ducto.
Pero no lo han hecho. Después de que el gobierno de Alan García impulsara este proyecto “como sea” y de que se frustrara la construcción del Gasoducto Sur Peruano por la corrupción de Odebrecht, la disponibilidad del gas natural ha sido una cómoda almohada que ha permitido que las autoridades de los últimos veinte años se duerman en sus laureles energéticos.
Se han dejado en el papel proyectos para permitir que hogares e industrias fuera de la costa central se beneficien de este recurso, pero también se ha derruido la capacidad del país de atraer inversión en exploración y explotación en el sector hidrocarburos.
Ahora, todos los peruanos estamos pagando el costo de esta indiferencia. La ruptura del ducto de TGP y la consecuente racionalización del gas natural han llevado a un aumento de los costos de generación eléctrica y de los combustibles, y han agravado una situación ya compleja debido al aumento internacional de los precios del petróleo por el conflicto en el Medio Oriente, lo que de todas maneras se reflejará en una altísima inflación y un menor dinamismo económico.
En una democracia funcional, estaríamos viendo al gobierno tomar medidas técnicas para resolver esta emergencia y a los candidatos debatir ideas sobre cómo incrementar la seguridad de nuestro sistema energético y, más importante aún, sobre cómo se van a financiar esos proyectos.
Pero esa no es nuestra realidad. Cuando, esperemos, se termine de reparar el ducto este fin de semana y este gravísimo incidente se convierta en periódico de ayer, una nueva emergencia –seguramente el fenómeno El Niño– nos quitará el sueño y pasaremos la página hasta la próxima vez que otra desgracia nos obligue a pensar en Camisea. Esperemos que entonces no sea demasiado tarde.
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