¿Es la corrupción el problema?

No hay duda de que para la mayoría de los peruanos el gran problema de nuestro país es la corrupción. Pero en realidad la corrupción es solo un síntoma de un problema mucho más grande: la calidad de nuestras instituciones y la inexistencia real del Estado.

Daron Acemoglou y James Robinson, en su reciente libro “El pasillo estrecho”, sostienen que reducir la corrupción requiere un alto grado de confianza de los ciudadanos en el Estado y de este en los ciudadanos. El Estado deberá confiar en que sus ciudadanos denunciarán las extorsiones de las que son víctimas por malos funcionarios. Mientras que los ciudadanos deberán confiar en que el Estado actuará diligentemente para sancionar a los funcionarios corruptos. Sin embargo, cuando esta confianza no existe, sea porque consideran que el Estado es muy débil o, por el contrario, porque el gobierno es autoritario o dictatorial, los ciudadanos simplemente no harán la denuncia porque creerán que el Estado no hará nada o que es parte de la corrupción.

Nuestro país es uno de los países con peor confianza interpersonal. Solo 17 de cada 100 peruanos confían en el otro. Pero la situación es más complicada si preguntamos por la confianza en las instituciones del Estado: solo el 9% de los peruanos confía en los políticos, el 10% en los ministros del Gabinete y el 11% en los funcionarios (Ipsos Global 2023). Entonces, ¿qué sentido tendría denunciar la corrupción? Más aún cuando el 87% de los peruanos no confía en los jueces y el 86% en los fiscales (Datum 2024).

Cuando la corrupción no es denunciada por los ciudadanos e incluso es utilizada como una herramienta válida para lograr obtener beneficios, los ciudadanos se convierten en parte del problema. Piense, por ejemplo, en Manuel, un profesor de colegio que cobra por nota aprobatoria a los alumnos; o en Juan, funcionario de la municipalidad que para otorgar una aprobación para licencia de construcción pide en efectivo un monto de dinero. Piense nuevamente en Frigoinca, la empresa que tenía “aplanillados” a funcionarios del programa Qali Warma a quienes les pagaba una cantidad mensual por poner en el menú escolar los productos que la empresa producía. Todos estos funcionarios son corruptos, pero sin ciudadanos y empresarios dispuestos a pagarles por el favor, ninguno de estos podría corromper. ¿Cuántos peruanos están efectivamente dispuestos a denunciar la corrupción y enfrentarse al mal funcionario?

Sin el ejercicio de ciudadanía, el Estado no tiene límites al poder que puede ejercer. No podemos quejarnos de la corrupción si no estamos dispuestos a denunciarla, o si, peor aún, estamos dispuestos a corromper con la excusa de que es la única forma de lograr que las cosas sucedan en el Perú. De la misma manera que no podemos quejarnos de la clase de políticos que tenemos si no estamos dispuestos a hacer política, sea partidaria o sea aquella que se hace ejerciendo ciudadanía.

Para que las cosas cambien, debemos asumir que nuestras instituciones rentistas son las que nos han llevado a la situación en la que estamos hoy. Y que, si no logramos cambiar el ejercicio del poder y que nuestras instituciones políticas y económicas –que hoy son cerradas y excluyentes– comiencen a funcionar para la mayoría de los ciudadanos, estaremos condenados a seguir siempre en el subdesarrollo.