“¡Es la economía, estúpido!”, por Maria Cecilia Villegas

El título de esta columna se convirtió en el mantra de la campaña de Bill Clinton en 1992, cuando le arrebató la reelección a George Bush padre. James Carville, asesor del entonces candidato presidencial, se hizo famoso al insistir en que la economía era el principal problema que enfrentaba el electorado estadounidense y, por ello, si se centraban en temas económicos, lograrían ganar la elección y llegar a la Casa Blanca. No se equivocó.

Si bien es cierto que la economía se ha recuperado mejor de lo que se esperaba luego del desastre que significaron las medidas adoptadas por el gobierno de Martín Vizcarra para enfrentar la pandemia, esto no es más que un rebote. Se espera que el 2022 sea un año difícil en términos económicos, principalmente por la inestabilidad que genera el gobierno de Pedro Castillo. La falta de transparencia en el manejo fiscal viene siendo advertida desde hace varios meses por el Consejo Fiscal. Y, sin embargo, el gobierno insiste en autorizar mayor gasto público a través de decretos de urgencia, que no cumplen con los requisitos de imprevisibilidad o excepcionalidad establecidos por ley. El gobierno reparte bonos sin fiscalización y con absoluta oscuridad. Es urgente establecer un nuevo marco fiscal de mediano plazo; esto es, las reglas y límites que deben seguir los poderes del Estado en el manejo de las cuentas fiscales. Y pese a los constantes cuestionamientos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nada le quita la sonrisita socarrona al ministro de Economía. O él sabe algo que el resto de economistas del país no sabe o nos está llevando al despeñadero sin un ápice de remordimiento.

La inestabilidad generada por el gobierno, a través de la afectación de los intereses de las empresas privadas, ha generado que el BCR estime que el crecimiento de inversión privada para el 2022 será de 0%. No habrá nueva inversión privada y, con ello, no se generarán nuevos puestos de trabajo. Y es lamentable, más aún cuando consideramos que el escenario internacional es altamente favorable a la economía peruana. Con las políticas adecuadas, el Perú debería crecer muy por encima del mediocre 3,2% estimado para el 2022. Y este debería ser el objetivo del gobierno. Sobre todo si consideramos que, como todo gobierno de izquierda, el de Pedro Castillo quiere implementar políticas redistributivas. Pero siguen sin entender que sin inversión privada que genere riqueza y crecimiento económico y, por lo tanto, mayores ingresos para el sector público a través del pago de impuestos, no les será posible. Para lograr mantenerse en el poder necesitan liquidez que financie sus políticas de bonos. Sin mayores ingresos, el MEF deberá endeudarse. Y aquí surge la urgencia de determinar el nivel de endeudamiento público; esto es, los límites de deuda que puede adquirir el gobierno.

Para los peruanos de a pie, las cifras muchas veces no dicen nada. Pero es importante entender, por ejemplo, qué significa que la inflación haya llegado en agosto a 5,66% y que el riesgo de inflación para este año se mantenga al alza. La inflación se refleja directamente en el bienestar de los ciudadanos. A mayor inflación, los precios de la gasolina, del transporte, de los alimentos y de los servicios son más altos, y, por lo tanto, los sueldos de los peruanos compran cada día menos. La inflación afecta en mayor medida a los más pobres del país, haciéndolos más pobres cada día. Y nada atenta más contra la satisfacción de los ciudadanos, la democracia, el sistema político y el gobierno que una mala situación económica.

¿Quién asumirá el costo por la responsabilidad de las malas decisiones del gobierno? Y es que no serán Pedro Castillo, Mirtha Vásquez o Pedro Francke quienes paguen las cuentas. Como con toda inversión pública, seremos los peruanos quienes deberemos pagar de nuestro bolsillo las consecuencias de haber elegido –nuevamente– un mal gobierno.