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Espíritu de linchamiento, por Federico Salazar

“Es bueno indignarse ante las injusticias, pero es malo solo guiarse por su afiebrado espíritu”.

Federico Salazar Periodista

humala heredia

“Esto ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia”. (Foto: Archivo El Comercio)

Sebastian Paul Woodroffe, canadiense, murió ahorcado con un cinturón. Lo asesinaron habitantes del asentamiento Victoria Gracia, en Yarinacocha. A Woodroffe lo creyeron culpable de la muerte de Olivia Arévalo, maestra de ayahuasca shipibo-konibo.

Fue el mismo día. Woodroffe había comprado el arma con la que se cometió el asesinato. Ahora hay testimonios que dicen que el hijo de Arévalo tenía deudas con un colombiano.

Al canadiense se le ha practicado, post mórtem, una prueba de absorción atómica. No hay rastros de pólvora en sus manos. Lo más probable es que él no haya sido el autor del asesinato de la anciana. El hijo sigue desaparecido.

¿Tenía algo que decir Woodroffe? ¿Tenía derecho a defender su (eventual) inocencia? Pensaron que no.

El linchamiento no es justicia. Puede empezar con un ánimo de “hacer justicia”, pero termina siempre por pulverizar los cuidados a que debemos obligarnos.

Hay linchamiento cuando la autoridad no funciona, y cuando no funciona al punto de la indignación. La indignación es una mezcla de muchas y potentes emociones.

Es bueno indignarse ante las injusticias, pero es malo solo guiarse por su afiebrado espíritu. Lamentablemente, ese espíritu nos viene ganando y nos impide poner frenos y resguardos en favor del orden y contra la arbitrariedad.

Esto ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Ellos recuperarán la libertad después de que el Tribunal Constitucional resolviera otorgar el hábeas corpus.

El Tribunal Constitucional no tenía que decir nada sobre la culpabilidad de los Humala Heredia. Tenía que decidir sobre el apego a la Constitución de la orden de prisión preventiva.

Sobre esto, los magistrados han discutido criterios y han decidido por mayoría. La resolución del TC es, pues, legítima y legal.

No está mal, además, que el TC vaya en contra de lo que plantearon los fiscales y resolvieron los jueces. De eso se trata: de marcar los límites a la autoridad. No puede haber autoridad por encima de la ley.

Hay quienes creen que esto creará desaliento en la lucha anticorrupción. No tiene por qué. Lo que debe hacer es inducir a las autoridades a perfeccionar su celo anticorrupción, a hacerlo más escrupuloso e imbatible.

Los fiscales deben continuar con su tarea. Hicieron bien en pedir la prisión preventiva. El juez consideró que había peligro de fuga, y resolvió sobre ese criterio.

El TC dice que la prisión preventiva solo debe usarse en caso excepcional. Las pruebas (del riesgo de fuga, por ejemplo), por tanto, deben ser contundentes.

En el caso de los Humala Heredia, al evaluar las pruebas hubo consideraciones de carácter formal. Por ejemplo, el haber faltado a una citación. En otro ejemplo, se consideró que cuando Nadine Heredia negó la autoría de su letra en las agendas determinó un ánimo general de obstruir la justicia.

No se consideró, frente a eso, que Nadine Heredia, estando en el extranjero, regresara al país cuando lo requirió un juez.

Estas son, por supuesto, opiniones. Todos podemos tenerlas. Las que importan, sin embargo, son las de los jueces, en la medida en que se ajustan a la Constitución y el derecho.

El TC señala que la prisión preventiva no tuvo un fundamento exhaustivo con relación a las pruebas. No debe interpretarse como una enmienda a la resolución, sino como un señalamiento del límite del poder de los jueces.

No debe haber jueces con un poder mayor al de las leyes y los derechos. Y eso debe determinarlo la autoridad jurisdiccional correspondiente, no nuestras emociones de frustración en la lucha anticorrupción.

Es muy difícil pensar que Humala y Heredia salgan librados de las acusaciones de fondo. Eso no tiene nada que ver, no obstante, con la decisión sobre cómo deben afrontar el proceso.

A mí me parece que ellos hicieron mucho daño al país. Ese es mi juicio, y quizá hasta mi prejuicio, al que tengo derecho.

Los jueces no tienen derecho al prejuicio. La ley va dirigida, ante todo, a ellos. Deben respetar, y escrupulosamente, el principio de presunción de inocencia.

No nos quejemos, pues, del freno a sus poderes. No cedamos al espíritu de linchamiento.

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