:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/122d2690-0a70-4d79-baf3-9ad1fef5c61a.png "Fernando Cáceres Freyre")
Entre el 2001 y el 2023, el Perú perdió 303.000 hectáreas de cobertura arbórea a causa de los incendios y 3,78 millones de hectáreas a causa de otros factores de pérdida. La principal causa es la agricultura itinerante, seguida por la deforestación asociada a materias primas (Global Forest Watch).
Se trata de miles de pequeños agricultores migrantes que –con fines de subsistencia– queman sin cuidado alguno la vegetación de tierras no ocupadas para poder sembrarlas. Para atenuar esta quema “a lo bruto”, el periodista Paolo Benza propone que las grandes empresas entren a invertir en la selva para elevar el estándar de cuidado de las tierras, y que el Estado pueda concentrarse en fiscalizar a pocos actores de la conservación de estas.
Dicho de otro modo, pasar de un ‘statu quo’ en el que nadie se hace responsable del cuidado de las tierras a uno en el que existan pocos actores con incentivos para cuidarlas y a quienes se pueda hacer responsables de su conservación.
Este tipo de situaciones son conocidas desde hace décadas como “La Tragedia de los Comunes” (Hardin, 1968) o las externalidades en la gestión de recursos comunes (Demsetz, 1967). La idea es que cuando los recursos limitados –como las pasturas o tierras de sembrío– son compartidos por muchas personas, lo racional, egoísta y usual es que los sobreexploten, produciéndose en el largo plazo su agotamiento, en perjuicio de todos.
Las soluciones que se han planteado para evitar la tragedia de los comunes son el establecimiento de límites o regulaciones para controlar el uso de los recursos comunes (Hardin), la asignación de titularidades o derechos de uso de los recursos para usar eficientemente los bienes y evitar su sobreexplotación (Coase y Demsetz), y los acuerdos colectivos para la gestión comunitaria (Ostrom).
La propuesta de Coase y Demsetz implica la asignación clara de derechos de uso sobre las tierras, incluyendo asignar derechos de propiedad tradicionales, pero también otros derechos de uso como cuotas de explotación, al estilo de la pesca industrial actual (y en este último caso resulta compatible con la propuesta de Hardin).
La propuesta de Ostrom –que no niega la anterior– es que el problema se solucione bajo gestión comunitaria de los recursos comunes. Aunque los esquemas cooperativos tienden a fracasar (recuerden las cooperativas de Velasco), Ostrom demostró que las comunidades locales, bajo determinadas circunstancias muy particulares, pueden cooperar entre sí y promover el uso sostenible de los recursos. Una de las claves de este esquema, que suele estar ausente en nuestro país, es la existencia de confianza interpersonal.
El objetivo es evitar que cientos de miles de pequeños agricultores sigan actuando de manera irresponsable, e incentivar que alguien identificable y fiscalizable invierta en recuperar las tierras degradadas y cuidar que no se degraden las otras. Esto ocurre actualmente, por ejemplo, en el sector telecomunicaciones, donde por concesión se usa un recurso escaso, el espectro radioeléctrico, y el MTC y Osiptel fiscalizan que las empresas hagan un uso adecuado de este. Por ejemplo, entre el 2016 y el 2021 el MTC interpuso 910 denuncias penales, 714 medidas cautelares y decomisó más de 2.300 equipos para evitar el aprovechamiento indebido del espectro radioeléctrico.
¿No les gusta que se asigne un derecho de uso a empresas que inviertan en la selva? Les dejo un reto. Implementemos a la par ambos sistemas y evaluemos cuál funciona mejor: tierras con derecho de uso a empresas y tierras con gestión colectiva a comunidades.
Lo que no debe seguir pasando es que creamos que la selva va a ser virgen. Hace tiempo que dejó de serlo, y lo que toca debatir ahora es cuál es el camino más sostenible para explotarla.
