La operación Valkiria V y la posterior caída de Patricia Benavides de la jefatura del Ministerio Público significó un duro golpe para cierto sector del Congreso y diversos líderes políticos que veían en ella una garantía de impunidad. Si bien a nivel de fiscalía suprema aún no se ha anunciado la investigación penal contra los parlamentarios comprometidos en este caso de organización criminal y tráfico de influencias (serían más de una decena de diferentes bancadas), la respuesta desde el Legislativo no se hizo esperar. Era previsible que lo hagan. Más aún en este año crucial que comienza.
Y aquí no me refiero a la obcecada tarea de representantes de Renovación Popular y del fujimorismo de remover a los miembros de la JNJ, sino a la aprobación de leyes para cambiar específicamente las reglas del juego a su favor y fortalecer su cuota de poder, que estuvo amenazada con la suspensión de la fiscal Benavides o, como se dice en criollo, tener la sartén por el mango, como precaución para todo lo que venga. Y lo que se viene en este 2024 es la investigación contra los congresistas que fueron delatados por Jaime Villanueva, los detalles de qué fue lo que arreglaron y más revelaciones relacionadas con la operación Valkiria V.
Pero eso no es todo. En este 2024 también se espera el inicio de juicios de casos emblemáticos como el que enfrenta Keiko Fujimori. Por esa razón no sorprende que ahora, a través del congresista Roberto Chiabra (APP), se proponga algo tan temerario y dañino para la independencia de poderes como lo es su proyecto de ley 6738, que plantea la destitución de jueces y fiscales supremos por parte del Congreso de la República. En otras palabras, que sean ellos quienes saquen de la carrera judicial o fiscal a los que eventualmente los investiguen o juzguen. De aprobarse esta iniciativa se eliminaría cualquier contrapoder dentro del Estado que signifique una amenaza contra ellos o sus líderes.
Pero si eso resultase poco, la congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) ha planteado, a través de una moción, la creación de una comisión multipartidaria para que plantee –nada más y nada menos– una reforma integral del sistema de administración de justicia. Es cierto, esta reforma es una promesa postergada por décadas, pero este Congreso –plagado de intereses particulares y con sus líderes investigados– no es el que debería de llevarla a cabo. Lo que corresponde es que el país conozca, mediante una investigación seria y objetiva, quiénes son los congresistas que vendían sus votos. No necesitamos de parlamentarios poseídos por una vena autoritaria, jugando a ser jueces y partes en este año crucial que recién comienza.
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