No tengo dotes de clarividente, no pertenezco al entorno de la presidenta electa, ni siquiera la he visto personalmente. Por ello, para esta reflexión debo basarme en lo que unos desean que sea su opción y en lo que otros temen que planea hacer. Dadas las rutas contrarias que puede tomar su gobierno y el enorme poder que ostenta, la respuesta a estos interrogantes es de vital importancia para saber cuál será el rumbo del país en los próximos cinco años.
Empecemos por la descripción de su personalidad y de lo que quiere hacer en general. En la versión A, se sostiene que su injusta prisión le permitió madurar y adquirir templanza, y que ello la llevará a reconciliar al país. En la versión Z, se la presenta como alguien que no está dispuesta a perdonar y que, más bien, quiere vengarse de los sufrimientos vividos, lo que agudizará la polarización y el odio.
Sobre la lucha contra el crimen violento. Se ha aprobado una ley en segunda votación y con un quórum bajísimo, pero contando con la votación unánime de Fuerza Popular, sin la cual no habría sido posible. La norma se ha dado en llamar la ley Rospigliosi, por lejos el más fanático y extremista de todos los miembros del Congreso, y que Keiko ha dicho es candidato al Mininter.
La ley ordena que los crímenes cometidos por militares y policías –así ya estén en proceso en la justicia ordinaria– sean investigados y “sancionados” por la justicia militar-policial. Algo abiertamente inconstitucional, que asegura la impunidad casi absoluta de los miembros de ambas instituciones armadas y se convierte en una incitación al crimen.
Esta se aplica a las investigaciones de dos casos que recientemente han conmocionado al país. En el ámbito militar, la operación antidrogas que, por “error”, concluyó con la muerte de cinco jóvenes que iban a un partido de fútbol de una liga cercana. En lo policial, las torturas y el posterior asesinato de un menor de edad en la comisaría de Manchay.
En la versión A, la presidenta presenta una inmediata acción ante el Tribunal Constitucional para que estas normas sean dejadas sin efecto e invoca al Poder Judicial a no aplicarlas haciendo uso del control difuso. En la Z, valida lo que hizo su bancada –estando ella ya electa– bajo la premisa de que la lucha contra el crimen requiere una normatividad de emergencia.
Sobre el crucial tema de la inversión en minería y los problemas que genera la minería ilegal. Versión A: Keiko se aboca a promover la inversión privada nacional y extranjera, confrontando lo que –dado que los antimineros ideológicos están bastante diezmados– se ha convertido en su principal problema, a saber, la minería ilegal.
En la A, en el caso de que otras bancadas votasen a favor de la renovación del Reinfo, su gobierno observaría la ley y no la promulgaría. En la Z, ella repite lo que ha sido la posición de su bancada en los últimos cinco años, durante los cuales esta apoyó la renovación del Reinfo cada vez que el tema fue llevado a votación.
Se podría seguir con esta metodología de análisis de contradicciones posibles sobre muchos otros asuntos, empezando por su entendimiento de la palabra ‘plural’ en la composición de su Gabinete; el tipo de reformas a la justicia que promovería; el perfil de los miembros de la comisión que ha anunciado para evaluar lo que se ha dado en llamar ‘leyes procrimen’; y, como cereza del pastel, el inmenso gasto populista que minimiza la posibilidad de las grandes inversiones prometidas en campaña y limita los recursos para enfrentar los retos de la naturaleza.
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