Tras las intensas elecciones nacionales, una clara sensación de alivio ha cubierto esos primeros días de gobierno que se conocen como “luna de miel”. Ante la derrota del castillismo de Roberto Sánchez y los primeros anuncios sensatos de una administración que recién empieza, los mercados han respondido bien. Los empresarios han puesto su cuota de optimismo que deberá traducirse en inversión. Y la opinión pública le ha dado un respiro de 60% de aprobación según Datum. Valioso oxígeno que deberá ser aprovechado en reformas claves. Hay una moderada esperanza y un contexto de calma ‘chicha’ que ya parece anunciar su final en medio del aguacero del fenómeno de El Niño, la ola de delincuencia que no para y la seguidilla de sismos que anuncia nuestra poca preparación en infraestructura.
Hay razones para tener esperanza, pero la mejor forma de traducir esa confianza es con trabajo y prevención. Sobre todo a nivel regional, que es donde se librará la batalla crucial en los próximos meses. Allá donde el alza del combustible provoca marchas, la minería ilegal campea a sus anchas y El Niño golpea cruelmente, la insatisfacción será sin duda azuzada. Y el castillismo buscará pescar a río revuelto con miras a las elecciones de octubre. No hay que olvidar que las elecciones regionales y municipales son tan o más importantes que las nacionales. Porque es a nivel subnacional donde se decide el grueso del presupuesto público, presupuesto que también se definirá en el Congreso hacia el mes de octubre. Y es en esas regiones donde el voto reflejó que el anquilosado Estado no está llegando al último rincón del país. Finalmente, es allí donde germinará la futura oposición, esa que buscará ganarle las calles al gobierno y que preparará la cancha para las protestas antisistema que sin duda vendrán.
En ese sentido, es sintomático que la izquierda de Juntos por el Perú busque interpelar a Rafael Belaunde por el financiamiento de su campaña ligada a la minería formal, sobre todo considerando que el castillismo es el fruto de la minería ilegal y delincuencial. No es casual que Yenifer Paredes haya sido colocada en la presidencia de la crucial Comisión de Energía y Minas del Congreso. Desde allí intentará detener la futura ley MAPE y prolongar el fracasado Reinfo que permite impunidad.
Esa historia ya la hemos visto. Es la izquierda que hiperfiscaliza a los formales mientras se aprovecha de las economías ilegales. Y es el Estado que lo permite con su vacío de poder. ¿Es que el fracaso de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato no nos ha enseñado nada? Porque si vamos a hablar de campañas con dinero sucio, empecemos con los aliados de la minería ilegal que candidatean a alcaldes y gobernadores. Y démosles una mirada a los cómplices de los flamantes congresistas Íber Maraví y César Tito Rojas en la cédula electoral de octubre. Y también a los candidatos ligados al partido castillista Todo con el Pueblo y a la “asociación” de Antauro Humala. La campaña no ha acabado.
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