La incapacidad o falta de voluntad para reconocer que nuestro sector público es una parte integral del mismo modelo que patrocinan es sufrir de esquizofrenia o manifestar un craso cinismo. Tragedias como las del terremoto del 2007 o El Niño costero del 2017-2018 comenzaron con muestras enormes de solidaridad, eficiencia y unidad, pero nunca terminaron de resolverse. Diferentes presidentes, distintos desastres: similares resultados. Esto se llama una falla sistémica.
No sé, y disculpen si me equivoco, ¿pero acaso la izquierda ha gobernado en los últimos 30 años y no me he dado cuenta? ¿O quizás han sido regímenes socialdemócratas que nos han ahogado con altos impuestos y regulaciones? Pero no. ¿A quién corresponden, entonces, estas tres décadas de gobierno?
Yo sí tengo una clara conexión con la realidad y sé que desde 1990 –a partir del emblemático ‘fujishock’– se fue construyendo un Estado a imagen y semejanza del paradigma que llegó al poder, que sueltamente podemos llamar “neoliberal criollo”. Y todo comenzó con una Constitución hecha a la medida, que hoy en día se esgrime para defender la especulación. De ahí, se privatizó todo lo que fuera rentable, otorgando concesiones que rompían récords de cobro al usuario (dizque renta básica). Igualmente, se crearon las AFP con comisiones altísimas que garantizaron una rentabilidad formidable a sus accionistas, pero no pensiones decentes para la mayoría de los aportantes.
Y puedo continuar con medidas y leyes que buscaban incentivar la inversión privada, relegando al trabajador y al ciudadano. Algunas medidas temporales que se han vuelto eternas (el agro), y otras –como en transporte y educación– que han maltratado o estafado al usuario, a su familia y a la ciudad. Los asuntos tributarios los dejaremos para otro momento, pero basta decir que somos uno de los países latinoamericanos con menor presión tributaria.
Pasemos ahora al lado más oscuro: la corrupción. La gran corrupción del siglo XXI a nivel mundial (y nacional) no nace del mal funcionario que busca completar su sueldo, sino de cárteles de grandes empresas que impulsan –entre otros mecanismos– las famosas “asociaciones público-privadas” que frecuentemente han significado millonarias pérdidas para el país y la inversión en inútiles e innecesarias obras (léase Odebrecht, OAS, club de la construcción, etc.).
No, me dirán algunos, exageras: mira los resultados del crecimiento económico. Sí, son innegables y, por muchos años, impresionantes. Pero toda persona que es honesta consigo misma sabe que crecimiento no es lo mismo que desarrollo. Es como si yo estuviera hablando de los problemas de Lima y alguien me dijera: “no, pero mira como han crecido Las Casuarinas”.
Hace 100 días nuestro país estaba en la vanguardia en la lucha contra la pandemia. Era una estrategia reconocida por su rápida y drástica decisión. Se nos repitió una y otra vez que esto fue posible gracias a los fondos acumulados por las políticas del libre mercado. Cuando empieza a fallar, no obstante, los culpables se encuentran en otro lado.
Es una muestra más de que muchos de los que defienden el modelo no están dispuestos a liderar reformas que lleven a un Estado eficiente y eficaz, promotor de derechos, de la estricta observancia de la ley y de la equidad de oportunidades. Por el contrario, siempre han buscado asociarse con los sectores más autoritarios y deshonestos del país, incluso, manifestando su apoyo subrepticiamente a maletines llenos.