La filtración de información reservada es delito

La semana pasada, en España, se produjo una situación sin precedentes hasta ahora en la Unión Europea: la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo sentó en el banquillo de los acusados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que en nuestro país sería el fiscal de la Nación.

La acusación contra la cabeza del Ministerio Público español es por el delito de revelación de secretos. Se le imputa el filtrar datos reservados del procedimiento en el que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estaba siendo investigado por fraude fiscal.

El proceso contra el fiscal García Ortiz se había iniciado en octubre del año pasado y, como lo resalta la resolución de los magistrados de la sala que respaldan la instrucción, no puede pasarse por alto que el hoy imputado haya borrado los correos electrónicos de su cuenta de e-mail personal, además de todos los mensajes de WhatsApp.

En su defensa, el fiscal utilizó dos argumentos: el primero, que ha llegado a ser calificado de llamativo –aunque para mí es principalmente desvergonzado−, sostenía que el borrado de la información de sus dispositivos móviles −hecho por él mismo, dicho sea de paso− le impedía defenderse; y, el segundo, justificaba la filtración realizada pues esta solo buscaba aclarar una información inveraz que había salido publicada, según la cual el Ministerio Público había ofrecido un acuerdo o pacto de conformidad con el novio de Isabel Díaz Ayuso, cuando había sido al revés.

Ambos argumentos han sido completamente rebatidos en la resolución de la sala. Respecto al primero, de manera categórica se indica que, “desde criterios de racionalidad, esa desaparición tuvo por finalidad ocultar la información y no puede quejarse quien la hizo de que ahora tiene limitada su defensa”; y, en cuanto al segundo, se precisa que “las noticias que circularon y que sirvieron de contexto previo para la reacción de la fiscalía no justifican la comisión de un delito. En otras palabras, no se puede revelar un dato confidencial para rebatir un hecho que se considera incierto”. Sobre esto último, otro indicio que se menciona es el “frenético intercambio de comunicaciones” que el fiscal García Ortiz realizó para desmentir la noticia que un día antes había aparecido en el diario “El Mundo”; las cuales, como ya se indicó, extrañamente luego borró.

En España, conforme a su Constitución, el fiscal general del Estado es nombrado por el rey a propuesta del Gobierno. Lo ocurrido obviamente ha merecido también, como no podía ser de otra manera, una reacción política, solicitándose la dimisión del fiscal.

Alberto Núñez Feijóo, líder de la principal fuerza opositora −el Partido Popular−, ha indicado que el fiscal no puede seguir ni un minuto más en el cargo, exigiendo su renuncia inmediata: “Quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos”.

Incluso el diario “ABC”, en su editorial del pasado 30 de julio, ha llegado a señalar que “García Ortiz se ha revelado como un maniobrero afín a los intereses partidistas del Gobierno y ha quedado descalificado para ostentar la jefatura de la fiscalía”.

¿Algún día en nuestro país se hará efectiva la responsabilidad de quienes estando obligados a guardar confidencialidad se dedican a filtrar información reservada y sensible, o seguiremos en esta suerte de selva del vale todo?