¿La reforma tributaria de Francke la hizo Castillo?; por Maria Cecilia Villegas

El gobierno del presidente Castillo le ha pedido al Congreso de la República que le otorgue facultades para legislar en materia tributaria por 120 días. El Gobierno tiene la intención de cambiar el régimen tributario, pero no ha detallado cómo. ¿Podemos confiar en que el Gobierno tendrá los cuadros técnicos necesarios para llevar a cabo una reforma tributaria sin dañar aún más la economía y los bolsillos de todos los peruanos? ¿Tiene sentido hacer una reforma tributaria en este momento, cuando la economía no ha logrado recuperarse del impacto de las políticas establecidas para enfrentar la pandemia del COVID-19?

Las reformas, cuando no consideran adecuadamente las particularidades de cada uno de los sectores que buscan regular, pueden generar el objetivo contrario al deseado. Y esto suele suceder con las políticas diseñadas e impulsadas desde la izquierda. Su poco conocimiento de la economía real y su negativa a entender la evidencia los lleva a plantear propuestas equivocadas una y otra vez. Por ejemplo, aquellas normas que tan airadamente impulsan sobre estabilidad laboral tienen el impacto contrario: reducen los puestos de trabajo en el sector formal aumentando el subempleo y la informalidad laboral. El control de precios genera un mercado negro y el aumento de impuestos a la minería puede ser un incentivo para que las grandes mineras busquen otros países donde invertir que sean más competitivos que el Perú. De hecho, las empresas mineras en el Perú pagan 47% de sus utilidades en impuestos. Esta tasa es superior a la vigente en países mineros como Canadá, Australia y Chile.

El Gobierno ha planteado, entre las medidas anunciadas, aumentar el Impuesto a la Renta a aquellas personas que ganan más de S/300.000 al año. Esto es US$6.250 al mes. Y es cierto que para muchos peruanos esta puede sonar como una cifra importante, pero la realidad es que ese monto no hace rico a quien lo recibe. Una tasa de Impuesto a la Renta mayor hará que esa persona gaste menos en comprar bienes de consumo, en salir a comer a restaurantes, en viajar dentro del Perú y, por lo tanto, los restaurantes, los hoteles y las empresas de transporte tendrán menos clientes, las galerías comerciales venderán menos y la economía perderá impulso. Más aún, ¿no sería mucho más eficiente, antes de aumentarle los impuestos al contribuyente, tomar medidas que hagan que aumente la eficiencia del gasto público? De hecho, el Banco Mundial considera que este monto –el que se pierde por ineficiencia del Estado– es equivalente al 2,5% del PBI. Pero el Gobierno prefiere ahorcar al contribuyente, pese a que, en el mejor de los casos, las reformas propuestas por Francke generarían S/12.000 millones anuales para el Estado. Esto es, el equivalente al 1,5% del PBI.

Pero más aún, sabemos bien qué es lo que no sucederá. El Estado no invertirá mejor los recursos que reciba, aunque el ministro de Economía sostenga que la reforma servirá para generar los ingresos necesarios para mejorar la educación y la salud. ¿Por qué? Porque el Perú tiene un problema de gestión pública. Para poner las cosas en contexto, al 28 de octubre, los gobiernos regionales de Pasco, Tumbes, Cajamarca y Ayacucho han ejecutado el 61%, 67,2%, 67,4% y 67,9% de su presupuesto, respectivamente. Esto es a dos meses de acabar el año; están bastante lejos de haber usado todo su presupuesto. Mientras que el escenario es aún más sombrío si vemos el gasto presupuestal de los gobiernos locales. En Áncash, Apurímac, Arequipa e Ica han gastado el 45%, 49%, 50% y 51%, respectivamente. Y sin mencionar la corrupción.

Un dato risible del pedido de facultades es que se sustenta en que permitirán sacar normas que apoyen el proceso de reactivación económica impulsando la inversión pública y privada. Y aquí cabe una pregunta al ministro Francke, ¿quién le ha dicho que el aumento de impuestos incentiva la inversión privada?