Cada cierto tiempo, un gobierno peruano recién estrenado pide al Congreso que le otorgue, por unos meses, la potestad de legislar sin pasar por el trámite ordinario del debate parlamentario. El gobierno de Keiko Fujimori no ha sido la excepción. La mandataria mencionó que solicitará al Congreso una delegación de facultades legislativas por 120 días, en materias que van desde la seguridad ciudadana hasta la reforma tributaria, pasando por el empleo y la simplificación administrativa. Y aunque el texto definitivo aún no ha ingresado formalmente al Parlamento, ya se perfila que el terreno donde el Ejecutivo quiere jugar uno de sus partidos más ambiciosos es el régimen tributario.
Cada cierto tiempo, un gobierno peruano recién estrenado pide al Congreso que le otorgue, por unos meses, la potestad de legislar sin pasar por el trámite ordinario del debate parlamentario. El gobierno de Keiko Fujimori no ha sido la excepción. La mandataria mencionó que solicitará al Congreso una delegación de facultades legislativas por 120 días, en materias que van desde la seguridad ciudadana hasta la reforma tributaria, pasando por el empleo y la simplificación administrativa. Y aunque el texto definitivo aún no ha ingresado formalmente al Parlamento, ya se perfila que el terreno donde el Ejecutivo quiere jugar uno de sus partidos más ambiciosos es el régimen tributario.
No es ningún secreto que buena parte de la economía nacional opera en las sombras, no porque los peruanos seamos particularmente rebeldes frente al fisco, sino porque el propio sistema tributario funciona como un laberinto diseñado, aparentemente, por alguien que nunca tuvo que pagar impuestos en su vida.
Asimismo, el crédito fiscal por contratación de jóvenes ataca la tasa de desempleo e informalidad juvenil, que empuja a miles de peruanos recién egresados a subsistir en el mercado informal o a buscar oportunidades fuera del país. Un incentivo tributario que reduzca el costo laboral de contratar formalmente a un joven no es una dádiva a las empresas, es un mecanismo que alinea el interés privado con un objetivo de política.
Algo similar ocurre con la deducción de gastos en capacitación. El Perú arrastra un problema crónico de productividad laboral, y buena parte de la culpa recae en la escasa inversión de las empresas en formar a su propio personal. Permitir que esos gastos se deduzcan de la renta imponible es un incentivo para que las empresas dejen de ver la capacitación como un lujo prescindible.
El Perú necesita, con urgencia, una reforma tributaria que simplifique el laberinto de regímenes actuales y que incentive, de manera inteligente, la formalización del empleo y la inversión privada. Las propuestas de crédito fiscal por contratación juvenil, deducción de gastos en capacitación y simplificación aduanera apuntan en la dirección correcta, y merecen ser evaluadas con seriedad técnica antes que con el reflejo ideológico de aplaudir o rechazar en bloque cualquier cosa que provenga de este gobierno.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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