"La importancia de revertir esta y otras formas discriminatorias en el campo nos muestra que aún es necesaria una revolución sobre la tierra". (Ilustración: Rolando Pinillos)
"La importancia de revertir esta y otras formas discriminatorias en el campo nos muestra que aún es necesaria una revolución sobre la tierra". (Ilustración: Rolando Pinillos)
Javier Díaz-Albertini

Sociólogo y profesor de la Universidad de Lima

Hace unos días –en la quinta Semana del Cine de la Universidad de Lima– participé en un conversatorio con Gonzalo Benavente y Carolina Denegri, director y productora de “La revolución y la tierra”, documental que ha batido récords de taquilla. El filme examina el antes, durante y después de la reforma agraria iniciada en 1969 por el gobierno de Velasco Alvarado. Es una obra de muy buena factura, ágil e informativa, con una narrativa que intercala el cine, la música, las noticias, los reportajes e imágenes del pasado con entrevistas actuales a protagonistas de esas épocas y a múltiples analistas. Como bien indicó su director, su intención no era brindar una imposible “objetividad” o “neutralidad” del proceso, sino más bien una visión subjetiva construida sobre la base de sus propias indagaciones.

He tratado de entender su éxito –especialmente entre los jóvenes– desde el punto de vista sociológico. Hace décadas que la reforma agraria no es noticia y Velasco no es un personaje bien considerado por la historia impartida en la escuela o los medios de comunicación. ¿Por qué, entonces, los niveles de asistencia? Creo que el tema de la construcción de la identidad ciudadana es uno de los aspectos que más llega a los jóvenes, generación ávida por edificar su lugar en sistemas democráticos tambaleantes y sin rumbo.

El énfasis del documental está puesto en cómo la reforma agraria contribuyó a ampliar la identidad ciudadana hacia los sectores más marginados del Perú de entonces: campesinos e indígenas. Es importante recordar que eran tiempos en los cuales la mitad de la población nacional era rural y dedicada a la agricultura. Asimismo, la concentración de tierra agrícola era inaudita con el 2% de las unidades poseyendo el 85% de las tierras. En las haciendas tradicionales se mantenían incólumes relaciones cuasi-feudales hacia campesinos que –por ser analfabetos– ni tenían el derecho a votar. El derecho a la tierra se convirtió así en un vehículo de incorporación a la república y, al mismo tiempo, a una peruanidad moderna de raíces populares que ya estaba en pleno proceso de construcción.

Lo cierto es que años antes de la reforma, cientos de miles de peruanos se anticiparon a la conquista de la tierra cuando emigraron hacia la ciudad y lograron un lugar en urbes que los recibían sin mayor apoyo. Lo que no pudieron conseguir en el campo gracias al orden terrateniente, lo lograron con su acción colectiva en los cerros de El Agustino y La Victoria o en los arenales de Ciudad de Dios. Nacieron así las llamadas barriadas que –luego con Velasco– serían denominadas pueblos jóvenes. Con ello no solo se aseguraron un espacio en la ciudad, sino también patente de corso para participar en las decisiones de su barrio y, luego, de la urbe misma.

La tenencia de tierra históricamente ha estado relacionada a ciertos derechos de participación política que no poseían los sin tierra. Por ejemplo, en los inicios de las democracias modernas primigenias –Estados Unidos y Francia– la ciudadanía plena solo se lograba con la posesión de propiedades. Al mismo tiempo, por largos períodos, países democráticos negaban el derecho de propiedad a los extranjeros por no ser ciudadanos. O, en todo caso, la famosa ley de “asentamientos rurales” (homestead) en Estados Unidos justo buscaba incentivar la inmigración al ofrecer parcelas agrícolas sin costo y la obtención de la ciudadanía después de cinco años de trabajar la tierra.

La reforma agraria, no obstante, se ejecutó en tiempos previos al enfoque de género y como resultado redistribuyó al “jefe de familia” –casi siempre varón– como representante “natural” de la unidad familiar. No debe extrañar, entonces, que para el censo de 1993, las mujeres con propiedades agrícolas registradas solo eran un tercio en comparación a los varones. Organizaciones feministas descubrieron en los años 90 que un porcentaje importante de las mujeres rurales no contaba con documento de identidad y, por ello, no podían registrar propiedad a su nombre. La importancia de revertir esta y otras formas discriminatorias en el campo nos muestra que aún es necesaria una revolución sobre la tierra.