La reciente catástrofe que atraviesa el pueblo venezolano debe alertarnos sobre el peligro inminente que enfrenta el Perú. Aunque pensemos que estamos lejos de esa realidad, marcada por años de deterioro institucional y urbano, lo cierto es que nuestra situación podría ser aún más crítica, pues la amenaza sísmica del Perú es mayor y la vulnerabilidad urbana de nuestras ciudades es muy similar.
Lima y Caracas comparten un rasgo preocupante: alrededor del 70% de sus viviendas han sido autoconstruidas. En ambas ciudades, además, una parte importante de la población ocupa laderas y otros terrenos de alta vulnerabilidad. Sin embargo, Lima enfrenta una amenaza geológica superior. Está ubicada sobre una de las zonas más activas del planeta, donde la placa de Nasca converge con la Sudamericana, y acumula un silencio sísmico de casi tres siglos, capaz de generar un terremoto de magnitud superior a 8 (IGP). Ante un evento de esa magnitud, la gran incógnita es cómo responderán esas millones de edificaciones que han sido construidas sin diseño estructural y supervisión profesional.
En ese sentido, el peligro inminente no es el próximo terremoto, sino la enorme fragilidad de las ciudades que hemos construido. Sin embargo, esta situación crítica debiera mostrarnos el camino para una posible solución.
La autoconstrucción es el principal mecanismo mediante el cual las familias acceden a la vivienda, y representa cerca del 60% de la actividad económica del sector construcción. Resulta llamativo que, mientras las empresas cementeras expanden sostenidamente su presencia en todo el país, los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros mantienen una participación muy limitada en este mercado.
Otro sector relevante que se mantiene al margen es el financiero formal y tradicional. La mayoría de las familias financia sus obras con ahorro propio, apoyo familiar o créditos personales. Como señala Grade en su estudio del 2024, la autoconstrucción termina costando, en promedio, un 33% más que una construcción formal equivalente, demanda más tiempo y produce viviendas inseguras y de menor calidad.
Como vemos, la construcción informal ha permitido resolver una necesidad que el mercado formal y el Estado no han sido capaces de atender. Genera empleo, dinamiza la economía y facilita el acceso a la vivienda. Pero también expone a millones de familias a riesgos innecesarios y dificulta la posterior formalización de sus propiedades. Es por ello que las políticas públicas deberían enfocarse en mejorar la seguridad de las edificaciones existentes, y evitar que estas se sigan produciendo de manera informal. En esa línea, el reforzamiento estructural constituye una respuesta inmediata frente al riesgo sísmico y, al mismo tiempo, una oportunidad para fortalecer el patrimonio de las familias e impulsar la inclusión financiera. Además, dinamizaría el propio sector construcción al incrementar la demanda de materiales, promover la formalización de empresas y abrir un enorme mercado para arquitectos e ingenieros.
Otro aspecto clave es el financiamiento. Durante décadas el Estado ha concentrado sus esfuerzos en facilitar la compra de viviendas nuevas, pero el verdadero desafío está en reducir la vulnerabilidad de las que ya están construidas.
Tomando el modelo del Crédito Mivivienda, se debería crear un fondo de garantía que permita canalizar, a través de la banca privada, créditos destinados al reforzamiento estructural. Una vez culminadas las obras y certificada su seguridad, esas viviendas podrían incorporarse plenamente a la formalidad, incrementando el valor del patrimonio familiar, y ampliando el acceso de sus propietarios al sistema financiero formal.
Como vemos, la amenaza sísmica no puede evitarse, pero la fragilidad de nuestras ciudades sí puede reducirse. Si queremos que el próximo terremoto no se convierta en una tragedia nacional, debemos empezar por hacer seguras las viviendas donde ya vive la mayoría de los peruanos.
mx
