El enroque que hizo el Gobierno para llevar a Raúl Pérez Reyes desde la cartera de Transportes y Comunicaciones al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no dejaba mucho espacio para ser optimista sobre la agenda económica del gobierno de Dina Boluarte, pero el nuevo ministro está superando hasta la más pesimista de las expectativas.
En las tres semanas que lleva en el cargo, Pérez Reyes ha devuelto el MEF al paupérrimo estado al que nos habían acostumbrado Alex Contreras y José Arista, reactivando temores respecto de las consecuencias fiscales de la debilidad política del gobierno y a la sorprendente facilidad con la que hipotecan el futuro del país para ganarse unos puntos con otras fuerzas políticas.
Agachar la cabeza frente a un mamarracho legislativo como la autógrafa que propone reducir la proporción del Impuesto General a las Ventas (IGV) que es recaudado por el Gobierno Central para destinar más recursos al Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) –que se reparte entre las municipalidades– significa abandonar por completo las funciones del MEF y complicarle la vida a todo aquel que decida en el futuro asumir las riendas de este ministerio.
Copiar y pegar la estrategia de Arista en el 2024 planteando incrementar el tope del déficit fiscal para este año de 2,2% a 2,8% y solicitando facultades delegadas al Congreso es una muestra clara de que no aprenden de los errores del pasado. Es más, es probable que, como sucedió en el 2024, la modificación del techo no evite que se incumpla otra vez esta regla fiscal.
Lo que está haciendo Pérez Reyes es encontrar que una de las habitaciones de la casa está en llamas y prender fuego a todas las demás. En lugar de apostar por una estrategia clara de moderación del gasto para recuperar la confianza en el manejo responsable de las finanzas públicas que este gobierno ha destruido, el ministro nos recuerda que siempre podemos estar peor.
Ojalá que, al menos, busque guardar las apariencias y esta vez el MEF envíe un proyecto de ley al Congreso para abrir un debate sobre el nuevo techo del déficit fiscal, que recordemos calcula en cuánto los gastos del Estado peruano superan sus ingresos.
Sin embargo, con parlamentarios que solo buscan aprobar normas populistas, como el cambio en el IGV o un nuevo retiro de los fondos de pensiones, y un Tribunal Constitucional igual de despreocupado por la sostenibilidad fiscal, no hay a quién pedirle que ponga orden en esta jarana de gastos.
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