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“No hay que ser ingenuos”, por Alfredo Torres*

“[En el acuerdo con Odebrecht] el equipo especial ha privilegiado la necesidad nacional de obtener pruebas contra los involucrados en actos de corrupción”.

Alfredo Torres Analista político

Colaboración eficaz

“Seguramente son criticables diversos aspectos del acuerdo, pero lo que está ampliamente justificada es su necesidad para evitar la impunidad”. (Ilustración: Giovanni Tazza).

Ilustración: Giovanni Tazza.

Esta semana, un sector de la ciudadanía celebró en las redes sociales una encuesta que sostenía que la gran mayoría se oponía a que “Odebrecht siga contratando con el Estado Peruano después de los casos de corrupción ocurridos”. Entre los que destacaron la encuesta se encontraban algunos congresistas y operadores políticos que aplaudieron también una manifestación que se organizó frente a la Embajada de Brasil, también esta semana, para reclamar que Odebrecht se vaya del Perú y para oponerse al acuerdo que se suscribirá entre el Estado Peruano y la firma brasileña.

La verdad tiene múltiples aristas y este es un buen ejemplo de cómo mirar hacia un solo lado lleva a una imagen distorsionada de la realidad. Por ejemplo, si la encuesta también hubiera preguntado si la gente estaría de acuerdo con que Odebrecht colabore con la justicia peruana entregando pruebas de los sobornos que pagó, es obvio que la gran mayoría habría respondido afirmativamente.

No hay una única manera de hacer encuestas de opinión, pero un principio fundamental es que se debe ofrecer al entrevistado una versión equitativa de los diferentes puntos de vista. En este caso, por ejemplo, la pregunta formulada en la encuesta de El Comercio-Ipsos que se conocerá en los próximos días es: “¿Aprueba o desaprueba que el equipo especial de la fiscalía haya firmado un acuerdo con Odebrecht que permitirá que esa empresa entregue pruebas e información de los actos de corrupción realizados en el Perú y una indemnización a cambio de que se le permita seguir operando en el país?”.

Naturalmente, la gran mayoría quisiera ambas cosas: que Odebrecht diga toda la verdad sobre a quiénes coimeó y que, al mismo tiempo, sea sancionada drásticamente. Ante este dilema, el equipo especial liderado por el fiscal Rafael Vela, con el apoyo del procurador Jorge Ramírez, ha privilegiado la necesidad nacional de obtener pruebas contra los peruanos que incurrieron en actos de corrupción. “Lo perfecto es enemigo de lo bueno”, decía Voltaire. Seguramente son criticables diversos aspectos del acuerdo, pero lo que está ampliamente justificada es su necesidad para evitar la impunidad.

Mediante el convenio acordado, Odebrecht se compromete a dar más detalles de los aportes a las campañas políticas y a revelar quiénes recibieron los sobornos que pagó por la línea 1 del metro de Lima, los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica del Sur, la Costa Verde del Callao y la Vía de Evitamiento del Cusco. La principal crítica que se ha hecho es que no se hayan incluido otras obras. La razón es obvia: Odebrecht no ha admitido haber pagado directamente coimas en otras obras. Lo que los críticos del acuerdo no dicen es que este no libra a Odebrecht de otras responsabilidades. La fiscalía ya está investigando otras obras –como el Gasoducto del Sur– y la justicia podrá sancionar a los responsables –incluida la empresa brasileña– si encontrara pruebas de algún delito.

El acuerdo es muy positivo desde una perspectiva histórica porque permitirá castigar con pruebas a líderes políticos de distintas tendencias, lo que marcará un hito con muy pocos precedentes en el mundo y que podría generar un cambio profundo en la manera de hacer política en el país. Si el acuerdo se frustrase, en cambio, lo más probable sería que la gran mayoría de involucrados quedase impune, por falta de pruebas, y la frustración social que se generaría tendría consecuencias impredecibles.

Como es lógico, los corruptos que podrían ser denunciados están usando todos sus recursos para evitar el acuerdo, desde demandar que este se haga público –para que se anule– o intentar apartar del caso al fiscal Rafael Vela hasta organizar manifestaciones para reclamar que Odebrecht se vaya del Perú, con lo que la empresa ya no tendría ningún incentivo para declarar la verdad. La más reciente de estas iniciativas es la investigación abierta en el Congreso al presidente de la República, Martín Vizcarra, por los servicios que brindó su empresa a Odebrecht hace más de 10 años y que él cometió la torpeza de negar, como si no hubiese sido una operación absolutamente legal.

Afortunadamente, el fiscal Vela fue repuesto en el cargo y ayer se conocieron las nuevas fechas para los interrogatorios. Siete ex colaboradores de Odebrecht declararán entre el 18 y el 22 de febrero y Jorge Barata lo hará entre el 12 y el 14 de marzo. Los ataques de los corruptos a los fiscales que los investigan, al Gobierno y a la prensa –a la que acusan de “mermelera”– arreciarán en las próximas semanas. No seamos incautos. Evitemos repetir ingenuamente opiniones tendenciosas y ‘fake news’.

*El autor es presidente ejecutivo de Ipsos Perú.

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