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2018, por Roberto Abusada Salah

“Simplemente la economía peruana no está convergiendo de manera decidida hacia el desarrollo, mantiene un alto nivel de pobres y tiene una parte de su clase media en peligro de recaer en la pobreza”.

Roberto Abusada Salah Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)

Crecimiento económico

“La fortaleza macroeconómica del Perú no basta para garantizar la convergencia al desarrollo. Hacen falta políticas públicas sensatas y la reconstrucción del marco institucional”. (Ilustración: Giovanni Tazza).

Ilustración: Giovanni Tazza.

Un modo útil para juzgar el desempeño del Perú en el 2018 puede ser el de analizar si el país hizo o no lo necesario para acercarse al desarrollo de los países avanzados. Sabemos que el Perú es un país con sólidos fundamentos económicos que le permitirían crecer vigorosamente: un nivel de deuda bajo, abundantes reservas internacionales, inflación controlada y un déficit fiscal manejable. Tiene oportunidades de progreso enormes en prácticamente todos los sectores de la economía, desde la construcción de infraestructura y la minería hasta la agricultura moderna, el comercio, la banca y el turismo. Esta es la razón por la que países como el Perú pueden emprender un camino de convergencia hacia el nivel de desarrollo de los países ricos. Las economías emergentes pueden normalmente acceder a innumerables proyectos de inversión con alta rentabilidad, adaptar –o simplemente importar y copiar– tecnologías y métodos productivos modernos, y, más importante aun, aprovechar el bono demográfico que surge de la alta proporción de su población que se encuentra en edad de trabajar.

Veamos cómo nos va. El año pasado, las economías avanzadas crecieron en promedio 2,4%. En cambio, las consideradas emergentes o en vías de desarrollo crecieron 4,7% (India 7,3% y China 6,6%). Se estima que el Perú creció 3,8% el año pasado y que ha crecido 3,2% en promedio desde hace cinco años. Simplemente la economía peruana no está convergiendo de manera decidida hacia el desarrollo, mantiene un alto nivel de pobres y tiene una parte de su clase media en peligro de recaer en la pobreza.

Si miramos cómo se refleja esta situación en el empleo, el panorama es desolador. De los aproximadamente 17 millones de personas dentro de la fuerza laboral, 5 millones tienen un empleo formal y 11 millones se encuentran empleados informalmente, sin acceso a un nivel mínimo de beneficios y protección social. El año pasado, la fuerza laboral se incrementó en 300 mil personas, pero el empleo formal entre enero y octubre solo aumentó en 181 mil puestos de trabajo. Sigue aumentando la informalidad. Peor aun, debido a las absurdas reglas laborales vigentes, el grueso del empleo creado es a plazo fijo. La contratación a tiempo indefinido ha desaparecido casi totalmente y, como consecuencia, existe menor acceso al entrenamiento en el trabajo, a aumentos salariales, a hacer carrera en la empresa, o a la propia sindicalización. Con el crecimiento poblacional en 1% y en descenso, el Perú habrá perdido en pocos años la oportunidad de usar su bono demográfico como palanca de crecimiento.

Observamos entonces que la fortaleza macroeconómica del Perú no basta para garantizar la convergencia al desarrollo. Hacen falta políticas públicas sensatas y la reconstrucción del marco institucional. Analizando de cerca lo ocurrido en el 2018, vemos que poco o nada se ha hecho en materia de reformas estructurales en la esfera económica o en la institucional. Si bien el referéndum de diciembre ha abierto una posibilidad para reformar el sistema de justicia, ha traído al mismo tiempo el resultado indeseado de prohibir la reelección de congresistas y se ha desperdiciado la oportunidad de introducir la bicameralidad.

En medios internacionales se alaba el crecimiento y estabilidad económica del Perú en comparación con la mayoría de sus pares latinoamericanos, pero es fácil apreciar que, en ausencia de reformas económicas e institucionales inmediatas, la prognosis económica de nuestro país a largo plazo muestra a una sociedad que perdió la oportunidad de acercarse rápidamente al nivel de desarrollo de los países avanzados.

La reforma del sistema de justicia puede ser un paso vital en el proceso de restauración institucional. Pero a mi juicio, existen otras tres áreas donde se requiere invertir todo el capital político a disposición del actual gobernante si se quiere encaminar al país en una senda de convergencia. La más urgente, sin duda, es la reforma laboral. Son más que evidentes las pérdidas de empleo adecuado, productividad, crecimiento y bienestar social que ha generado la inflexibilidad y complejidad extrema del actual sistema laboral. La segunda área es la de la recuperación del carácter unitario de la nación. La manera en que se ha puesto en práctica la regionalización ha desmembrado al país en un archipiélago ingobernable, donde en muchos casos pícaros y demagogos se arrogan un poder que no les dan las leyes de descentralización, un poder que ejercen para malgastar sus presupuestos y privar a todo el país del uso de sus recursos naturales. La tercera área de acción es la de poner en marcha una profunda reforma regulatoria que acabe de manera radical con la maraña de trámites inútiles, a fin de devolver al ciudadano la libertad para crear riqueza. Se trata de tareas monumentales, pero sin las que la convergencia al desarrollo es imposible.

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