Rendición de cuentas

Es una constante en la conversación el quejarnos de la incapacidad del Estado, pero no asumimos la responsabilidad que como ciudadanos tenemos. Lograr que el Estado sea eficiente, que atienda y responda a sus ciudadanos, brinde servicios básicos y garantice seguridad requiere necesariamente de una ciudadanía activa que ejerza presión sobre sus autoridades y defienda sus instituciones. La rendición de cuentas exige que los ciudadanos puedan acceder a información, lo que conlleva la obligación de las autoridades de hacer pública esa información de manera transparente y oportuna.

Requiere, además, que la autoridad justifique sus acciones y se sancione a aquellas que no han cumplido adecuadamente con sus funciones, porque sin sanción la rendición de cuentas es débil e incapaz de limitar los abusos del Estado.

Al no exigir rendición de cuentas, los ciudadanos somos también responsables de la incapacidad del Estado. ¿Qué sucede cuando el ministro de Educación, Morgan Quero, sostiene que las violaciones de niñas awajún son “una práctica cultural”? Nada. Y, como se sabe intocable, hace unos días, al ser consultado sobre los muertos en las protestas sociales de fines del 2022 y enero del 2023, señaló que “los derechos humanos son para personas, no para las ratas”. Y siguió sin pasar nada.

Tampoco sucedió nada con el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, luego de que se hiciera pública la corrupción en Qali Warma y cómo a través de este programa los niños más pobres del Perú recibían alimentos en malas condiciones. Ni con el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, quien ha dejado de lado la importancia del buen manejo económico y el control del déficit fiscal para repartir recursos para la satisfacción de la presidenta. Y qué decir del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, incapaz de mostrar avances en seguridad, o del exministro de Energía y Minas Óscar Vera, premiado con la gerencia general de Petro-Perú, que –a pesar de todas las voces levantadas en contra de su mal manejo– sigue recibiendo salvatajes del MEF y su planilla dorada sigue siendo protegida.

Lo mismo sucede con los gobiernos subnacionales. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha declarado que es inviable la resolución del Tribunal Constitucional que le ordena a la Municipalidad construir una vía alterna al peaje de Chillón y, sin más, da por concluido el tema, pese a que ello tiene un impacto directo en un contrato de concesión, que probablemente acabará en un laudo arbitral. Mientras el Congreso ha aprobado una norma tras otra destruyendo la regulación que había permitido avances en el país. Incapaz de responder a los ciudadanos, el Parlamento no logró siquiera aprobar la reforma que impediría la postulación de sentenciados por terrorismo, rebelión y narcotráfico. No sorprende que hayan sido las bancadas de izquierda las que se opusieron, pero sí sorprende la ausencia de 14 de los 21 congresistas de Fuerza Popular en dicha votación.

En nuestro país damos por sentados los avances que hemos logrado, sin darnos cuenta de que, al no levantarnos a defender las instituciones y la democracia, estamos retrocediendo a pasos agigantados y seguimos creyendo que, mientras la economía crezca, aunque sea solo 2%, vamos bien.