Con el programa Renta Joven, el Gobierno busca que jóvenes ahorren para luego adquirir una vivienda. (Foto: USI)
Con el programa Renta Joven, el Gobierno busca que jóvenes ahorren para luego adquirir una vivienda. (Foto: USI)
Iván Alonso

Economista

Encuentre usted una mala idea, y siempre habrá un político que tenga una peor. El ministro de Vivienda, Javier Piqué, no solamente no ha querido liquidar lo que iba a ser el programa , destinado a chicos menores de 30 años, sino que se le ha ocurrido convertirlo en el Bono Mi Alquiler, cuya mayor novedad sería extender el beneficio hasta los 40. Si usted o sus hijos ya pasaron esa edad, preocúpese, porque los alquileres van a subir para todos.

La esencia del programa, en cualquiera de sus dos versiones, es un subsidio equivalente al 30% del alquiler mensual que paguen los beneficiarios. Si un beneficiario paga 1.000 soles por un departamento, el ministerio le gira 300, de manera que solamente le cuesta 700. O, lo que viene a ser lo mismo, si antes estaba dispuesto a pagar 700 soles de alquiler, ahora, sabiendo que cuenta con el subsidio, estará dispuesto a pagar 1.000.

Sumemos ese efecto considerando a todos los beneficiarios, y tendremos un salto importante en la demanda de viviendas. Como la oferta no va a aumentar en la misma proporción –no, al menos, en el corto plazo–, parece inevitable que suban los alquileres. El impacto seguramente se concentrará en las propiedades de menor valor, que son las que están más al alcance de los jóvenes.

Hay seis millones de potenciales beneficiarios, si tomamos como referencia la población urbana en el rango de 25 a 40 años. No todos querrán independizarse, y no sabemos cuáles serán las restricciones para el acceso al programa. Pero basta una fracción de ese universo, la décima parte, digamos, para ejercer una presión enorme en el mercado de alquileres. Los inmuebles inscritos en los Registros Públicos de todo el Perú son solamente 660.000. No nos imaginamos que el gobierno quiera promover el alquiler de viviendas informales.

Se ha repetido ya hasta el cansancio que el programa difícilmente cumplirá su objetivo de incentivar el ahorro para la compra de vivienda. Se supone que los jóvenes beneficiarios juntarán los subsidios que reciban a lo largo de los cinco años que pueden permanecer en el programa para pagar la cuota inicial de una casa o un departamento. ¿Cuántos realmente lo harán?

El congresista y ex ministro Carlos Bruce, autor de la idea original, responde que el programa estará justificado si sirve para resolverles el problema, aunque sea, a unos cuantos jóvenes. Esa no es una respuesta aceptable. No se puede gastar los recursos públicos de esa manera, repartiéndolos entre cientos de miles de beneficiarios con la esperanza de que una minoría los use para los fines indicados.

Ya que es improbable que el gobierno abandone esta iniciativa, ¿qué se puede hacer para evitar que termine financiando el consumo de otras cosas más o menos superfluas? Como mínimo, los beneficiarios no deberían recibir el subsidio en efectivo. Sería mejor que la plata se ponga en una cuenta individual dentro de un fideicomiso y que solo pueda ser utilizada, junto con los intereses acumulados, para pagar la cuota inicial de una propiedad. Debería haber también un plazo razonable para retirar los fondos, vencido el cual tendrían que revertir al fisco. Y, por supuesto, el valor y el tamaño de las propiedades a ser adquiridas deberían tener límites porque no se trata de ayudar a nadie que pueda comprar una propiedad con su propia plata a comprar una mejor.