Topes a la inclusión financiera

La historia de la economía está llena de políticas que nacieron con buenas intenciones, pero que acabaron creando problemas mucho más graves que los que se proponían arreglar. Desde edictos de control de precios en el Imperio Romano que provocaron escasez y mercados negros, hasta las leyes modernas para congelar los alquileres, que terminaron por restringir el acceso a la vivienda a miles de personas sin hogar, los topes a las tasas de interés —vigentes desde hace cinco años en el Perú— son otro buen ejemplo en esa lista.

En el papel, la idea parece buena: fijar un límite a las tasas que las entidades microfinancieras pueden cobrar por prestar dinero para que quienes tienen menos recursos accedan a este. En la práctica, sin embargo, solo termina agravando aquellos inconvenientes que debía arreglar y crea nuevos en el camino.

Para comprender los problemas que ocasionan los topes a las tasas de interés en Perú, es importante recordar que la ley reguladora nació con una falla de origen: el desconocimiento de la realidad nacional. En el país, las micro y pequeñas empresas representan más del 99% del tejido empresarial y, según Produce, su nivel de informalidad supera el 83%. Es decir, ocho de cada diez mypes son informales y nueve de cada diez empresas peruanas son mypes. No podemos iniciar ninguna discusión sin tener esto en mente.

Al desarrollarse en un terreno marcado por la informalidad, la limitada disponibilidad de información económica, la falta de historial crediticio suficientemente desarrollado y la incertidumbre sobre si sus negocios lograrán mantenerse a flote en el tiempo, es normal que las tasas de interés que reciben las mypes al inicio sean un poco altas. Al fijarlas así, las microfinancieras —responsables de atender a estas empresas— no están haciendo otra cosa que protegiendo el dinero de sus ahorristas ante la eventualidad de que ese crédito no sea devuelto. Sin embargo, conforme las mypes demuestran capacidad de pago, las tasas van cayendo, en un círculo virtuoso que favorece tanto a quienes reciben el dinero —bajo mejores condiciones— como a quienes lo prestan —con la seguridad de que será devuelto—.

Pero esta dinámica se interrumpe cuando aparecen los mentados topes, que impiden que empresas y personas que carecen de historial crediticio puedan calificar para un préstamo, sencillamente porque se vuelve muy arriesgado para las microfinancieras darles dinero con una tasa de interés que se ubique por debajo del límite legal. ¿El resultado? La exclusión del sistema financiero formal de quienes menos tienen.

Este es un problema que se agrava en sociedades con alta informalidad, como la peruana, aunque, en buena cuenta, ocurre en todos lados. Un estudio del Banco Mundial examinó la experiencia en países con topes, como Kenia, Zambia, Camboya, India y el Reino Unido, y concluyó que estos generan exclusión.

En Chile, una ley del 2013 fijó límites bastante bajos al interés que se puede cobrar para préstamos pequeños, y luego dejó fuera del mercado formal de créditos a 197 mil personas solo en los dos primeros años de vigencia de la norma, según un estudio del banco central del país. En Colombia, además de exclusión, un análisis de la asociación Colombia Fintech encontró que los topes han expandido el “gota a gota”, una modalidad informal de crédito que, en promedio, les cobra una tasa anual a las pequeñas empresas de hasta el 666% –es decir, más de 22 veces el límite legal–. Y no es necesario añadir las consecuencias que sufren los beneficiarios de estos préstamos cuando no pagan a tiempo.

En el Perú, el Banco Central de Reserva (BCR) calcula que, en los tres primeros años de los topes (2021-2024), 324 mil potenciales clientes, entre personas y empresas, quedaron fuera del mercado formal; otros 218 mil que ya estaban adentro fueron expulsados. No hay que ser muy perspicaces para saber a dónde recurrieron finalmente cuando necesitaron dinero, ni cómo se conecta esto con el incremento en los últimos años de las mafias que se dedican a los préstamos ilegales en el país.

Los topes a las tasas de interés no solo no solucionan el problema que se proponen enfrentar, sino que lo terminan agravando. Dificultan que más personas y pequeñas empresas accedan al crédito y, además, afectan principalmente a las microfinancieras, responsables de atender a estos segmentos. En la práctica, operan como verdaderos topes a la inclusión financiera, que perjudican a cientos de miles y solo benefician a quienes hacen negocios con los excluidos del sistema.

Finalmente, no existe un informe oficial, con evidencia estadística, que demuestre que los topes han beneficiado a quienes quedaron excluidos del sistema microfinanciero.