El silencio no es opción

¿Sabía que el Perú es el segundo país de Latinoamérica con mayor prevalencia de violencia física contra la mujer por parte de su pareja? Puede que lo haya leído en algún artículo, pero es posible que no haya reparado en lo que esto significa. En nuestro país, seis de cada diez mujeres han sufrido violencia por parte de su pareja. En lo que va del año ha habido 142 feminicidios. Mujeres asesinadas por ser mujeres. Lo más probable es que estas cifras no le digan mucho, porque nos hemos acostumbrado a los números, a leer historias terribles de mujeres acuchilladas o quemadas vivas por sus exparejas porque se negaban a volver con ellos. Y al día siguiente las olvidamos.

En el Perú hemos normalizado la violencia contra las mujeres. Es algo lejano, que no nos afecta directamente y, por lo tanto, no es una prioridad. De hecho, aún hoy, los peruanos siguen creyendo que la violencia contra la mujer –en cualquiera de sus formas (psicológica, física, sexual, económica o financiera)– pertenece al ámbito privado de la familia y, por ello, debería resolverse a puerta cerrada. Es un tema incómodo. El “valiente” agresor, además, se defiende porque “ella lo provocó”, “ella no quiso arreglar por las buenas”, “ella lo iba a dejar” o “le sacó la vuelta”. Y olvidamos que las mujeres y las niñas no son nunca responsables de la violencia que se ejerce contra ellas.

La violencia contra la mujer es transversal, ocurre en todos los estratos sociales, en todas las ciudades del país y en todos los países del mundo. ONU Mujeres calcula que 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual por su pareja, y que cada hora más de cinco mujeres y niñas son asesinadas por algún miembro de su familia. Ello, sin importar su nivel de educación, su acceso al mercado laboral ni a recursos económicos. La violencia contra la mujer, en todas sus formas, es causada por el control que busca ejercer un hombre sobre una mujer. Es una muestra de poder, de superioridad. Hemos normalizado la violencia de tal manera que hace unos días los conductores de un programa deportivo bromeaban sobre la compra de mujeres. En vivo. Sin vergüenza. Sin que las miles de niñas y adolescentes explotadas sexualmente importen.

En los últimos siete años, cada día en promedio 174 mujeres peruanas han sido víctimas de violencia física y sexual (MIMP). Así de brutal. En el 2022, el CEM atendió 27.362 casos de violencia sexual, en el 80% la víctima fue una niña o adolescente y cada seis días un profesor es denunciado por violación sexual. Seres humanos a quienes se les destruye la vida y se les exige continuar como si nada hubiese ocurrido.

La violencia contra las mujeres y las niñas afecta la paz y la estabilidad de las familias y de la sociedad. Pero la violencia no es solo un problema social, es un problema que limita el desarrollo económico y empresarial del país, ya que genera innumerables costos para la sociedad en cuanto a servicios de salud, protección social y justicia. Pero tiene, además, un impacto en la productividad de las personas, lo que impide que las economías alcancen su máximo potencial. Y esta es una de tantas razones por las que los líderes empresariales no podemos seguir en silencio.

La violencia contra las mujeres tiene un impacto directo no solo en su salud física y mental, sino también en su productividad. Una mujer víctima de violencia tiene una mayor probabilidad de ausentarse del trabajo, abandonarlo o perderlo. Mientras que el acoso sexual y el estar expuesta a entornos laborales inseguros y desiguales limitan su desarrollo y crecimiento profesional.

Desde el sector privado podemos cambiar la realidad de millones de mujeres víctimas de violencia. Dentro de la propia empresa, generando entornos seguros donde puedan denunciar y ser protegidas, estableciendo políticas de tolerancia cero al acoso, educando a todos los trabajadores para que ellos también en sus entornos generen impacto, creando oportunidades de desarrollo para quienes han sobrevivido a la violencia. Pero también levantando la voz, financiando campañas y poniendo la erradicación de la violencia en la agenda del país.