Una verdad incómoda, por Alfredo Torres*

Hace 40 años, el gran historiador Jorge Basadre fue invitado a su natal Tacna a inaugurar CADE 79 y dio un discurso memorable que resuena hasta nuestros días. En él, reclamó “la superación de los viejos vicios de la lucha política criolla, que son el faccionalismo, la aptitud para el dicterio, el atolondramiento”. Basadre murió meses después y no alcanzó a ver el terrorismo ni la hiperinflación, ni tampoco el desarrollo de los últimos 25 años. El Perú ha cambiado mucho desde entonces. En la política, los rostros cambiaron; sin embargo, los viejos vicios nunca se fueron.

Podría decirse, incluso, que el faccionalismo se ha incrementado. El Congreso, por ejemplo, cuenta con 12 bancadas y esta semana vimos otra ruptura. En el ámbito regional, de los 25 gobernadores, solo siete corresponden a dos partidos representados en el Congreso (Acción Popular y Alianza para el Progreso). El dicterio también se ha acentuado. Se ha pasado de la ofensa expresada con ingenio en el debate parlamentario a la injuria y al vulgar insulto volcado en el chat del partido o en las redes sociales. Por último, el atolondramiento se ha generalizado. La precipitación con la que el presidente Martín Vizcarra ha propuesto un adelanto electoral tiene su correlato en la manera impulsiva como muchos congresistas se han apresurado a rechazar tal propuesta.

Cuando se revisa la historia, se entiende mejor la propuesta de Vizcarra. Cada vez que en el Perú ha habido un gobierno que ha tenido al frente a una mayoría opositora intransigente, este ha terminado abruptamente. Mediante golpes de Estado, en los gobiernos de Billinghurst (1914), Bustamante y Rivero (1948) y Belaunde (1968); y mediante autogolpe, en el de Fujimori (1992). La propuesta de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski en el 2017 y su posterior renuncia en el 2018 podrían sumarse también a esta lista.

Sin duda, es negativo para la institucionalidad que la Constitución se modifique a cada rato y que se vaya a unas elecciones apresuradas. Es probable también que, como sostienen sus críticos, el detonante de la propuesta de Vizcarra haya sido su fracaso en las negociaciones de Arequipa y la evidencia que tuvo, en vísperas de Fiestas Patrias, de que había sido grabado por sus interlocutores. Se comprende, por ello, el malestar de la mayoría de los congresistas a recortar su mandato.

La verdad incómoda que los congresistas tienen que asimilar es que 7 de cada 10 peruanos apoyan las elecciones anticipadas. Esta no es la opinión de las empresas encuestadoras ni de los medios que las encargan, sino la opinión de la gran mayoría de peruanos. Los congresistas no están obligados a seguir lo que pide la mayoría, pero tampoco pueden ignorarla a riesgo de debilitar seriamente el respaldo popular al sistema democrático.

En ese contexto, algunos han sugerido que una salida a la crisis sería la renuncia o la vacancia de Vizcarra y su reemplazo por la vicepresidenta Mercedes Araoz, que debería convocar a un Gabinete concertado con un primer ministro afín a la mayoría fujimorista para llegar así hasta el 2021. En el papel, funciona. En la calle, no tendría ninguna viabilidad. Una salida de esa naturaleza sería rechazada activamente por el amplio espectro de la población antifujimorista e incrementaría, además, las posibilidades de triunfo de la izquierda radical en las próximas elecciones.

Tampoco parece viable la propuesta gubernamental de aprobar mediante referéndum el adelanto electoral. La conformación de la Comisión de Constitución del Congreso anticipa que esta no hará mayores esfuerzos para apurar el debate de la propuesta. Además, Fuerza Popular no tiene ningún incentivo para aceptar el referéndum, habida cuenta de que el adelanto de elecciones sería aprobado por un margen muy amplio, lo que sería regalarle una victoria a Vizcarra.

La salida con menos costo político es la reforma constitucional en dos breves legislaturas sucesivas, tal y como ocurrió en el 2000. Aquel año, Fujimori propuso el adelanto de elecciones en setiembre y el Congreso lo aprobó en dos sesiones del pleno en octubre y noviembre. Fujimori renunció después, por temor a una vacancia, pero esa es otra historia.

La dificultad para emplear la ruta del 2000 estriba en que no basta una mayoría simple. Se requieren votos favorables de dos tercios de los congresistas. No es fácil conseguirlos en un Congreso fraccionado y con la principal líder de la oposición sufriendo prisión preventiva. El reto para la mayoría parlamentaria y para la propia Keiko Fujimori es evaluar en qué términos apoyarían un adelanto electoral. Qué otras reformas constitucionales, aceptables para la ciudadanía, podrían formar parte de un acuerdo político.

De no llegarse a un consenso, la incertidumbre y la polarización que ya se viven se extenderán hasta el 2021. Parafraseando a Basadre, se requieren cordura y lucidez, generosidad y patriotismo, para salir de este entrampamiento.

*El autor es presidente ejecutivo de Ipsos Perú.
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