El Ministerio Público ha abierto una investigación contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y el que hasta esta semana fue su abogado, Raúl Noblecilla, por los presuntos delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica. La razón detrás de esta decisión es bastante grave, considerando que hablamos de una exfuncionaria de alto nivel y de un letrado que debería conducirse de manera intachable.
Según la fiscalía, en octubre último, Noblecilla presentó un certificado médico para sustentar la inasistencia de su patrocinada a una audiencia del juicio que se le sigue por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. En el documento se especificaba que Chávez sufría un cuadro de bronquitis aguda y que los especialistas que la evaluaron consideraban que debía guardar descanso. El problema, sin embargo, es que el certificado aparentemente es falso: la clínica que supuestamente lo había expedido negó que Chávez hubiera sido atendida en sus instalaciones, añadió que el médico que firmaba el documento ya no trabajaba allí y que incluso el formato del recetario estaba desactualizado. Un ardid bastante parecido al que usan algunos malos alumnos en el Perú para, por ejemplo, no rendir un examen. El problema es que, por el contexto, las consecuencias para los implicados podrían ser bastante más graves que una ‘palomillada’ de estudiante. La fiscalía ha aludido a esta circunstancia en su solicitud de cinco meses de prisión preventiva contra Chávez.
Por supuesto, aunque deleznable, uno no puede sorprenderse de este tipo de cosas viniendo de alguien como la exministra. No olvidemos que lleva años mostrando un profundo desprecio por la justicia y tratando de burlarse de ella, y el mejor ejemplo de esto es su solicitud de asilo en México bajo el argumento fantoche de que sufre una persecución política.
Pero no dejemos de lado al otro personaje de este sainete: el señor Noblecilla, que además aspira ahora a ser vicepresidente en la fórmula de Podemos Perú, que encabeza José Luna Gálvez. Noblecilla renunció esta semana a seguir siendo defensor legal de Chávez y sus justificaciones parecían más un discurso político de plaza que una argumentación jurídica.
La historia del certificado médico, en fin, sirve para subrayar algo que ya conocíamos: que ni Chávez ni Noblecilla han actuado de manera honesta durante el proceso por el golpe de Estado. Y eso es algo que ni las autoridades ni el país deben pasar por alto.
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