El retorno de la inmunidad

Tres años atrás, se aprobó en el Congreso una modificación de la disposición constitucional que otorgaba a los miembros de la representación nacional una inmunidad prácticamente absoluta. La reforma fue saludada por muchos sectores de la opinión pública como un importante avance en el esfuerzo por ponerle coto a la impunidad de la que gozaban los parlamentarios que incurrían en conductas delincuenciales, incluidos aquellos que lo habían hecho antes de haber sido elegidos.

Tras el referido cambio, el artículo 93 de la Carta Magna pasó a señalar que la Corte Suprema será la autoridad competente para procesar a los legisladores imputados por delitos comunes durante el ejercicio de su mandato y que, en el caso de ofensas a la ley cometidas antes de que alcanzaran una curul, la competencia recaerá en el juez penal ordinario. Es decir, hoy ya no hace falta que el Congreso levante la inmunidad del parlamentario que se encuentra en esa situación para que sea puesto a disposición de la justicia.

Fueron algunos casos particularmente escandalosos de demora en la activación de ese mecanismo los que pesaron sobre una mayoría de los representantes de ese entonces –hablamos de febrero del 2021– para aprobar la medida. En su momento, por ejemplo, los excongresistas Benicio Ríos y Edwin Donayre, condenados por los delitos de colusión agravada y peculado, respectivamente, gozaban de inmunidad de arresto y la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria debía proceder conforme a su responsabilidad para que cada una de esas sentencias pudiera hacerse efectiva. Eso permitió que los dos se convirtieran en prófugos de la justicia. Y en lo que concierne a Donayre, además, la condena a cinco años de prisión fue dictada en agosto del 2018, el pedido de levantamiento de la inmunidad por la Corte Suprema se dio en setiembre de ese mismo año y el pleno del Congreso solo hizo lo que debía en mayo del año siguiente.

Lo cierto es que la modificación constitucional fue aprobada a regañadientes y no demoraron en asomar iniciativas para dar marcha atrás en la decisión. En agosto del año pasado, concretamente, el representante Wilson Soto (Acción Popular) presentó, con el respaldo de su grupo parlamentario, una propuesta para que se estableciera en la Constitución que los legisladores “no pueden ser procesados ni ir presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, durante el ejercicio de su mandato, excepto por delito flagrante”: un minucioso retroceso respecto de lo avanzado que ahora la Comisión de Constitución se dispone a discutir, en un contexto en el que abundan en el palacio de la plaza Bolívar las opiniones favorables a él.

Entre ellas, sorprendentemente, de parlamentarios que no pertenecen al grupo de ‘Los Niños’, como la del vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, y, por supuesto, las de los firmantes de la moción, quienes componen un piquete de investigados y cuestionados por distintos motivos con un claro interés personal en que la inmunidad total sea restituida. Nos referimos a Darwin Espinoza, Jorge Luis Flores Ancachi, Elvis Vergara y Luis Aragón, todos de Acción Popular; y a los no agrupados José Arriola y Carlos Alva Rojas. Ese rasgo distintivo, por cierto, es también detectable en el autor de la iniciativa, Wilson Soto, quien es actualmente investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias por el Caso ‘Los Niños’.

Si la reforma constitucional propuesta fuese aprobada, primero en la Comisión de Constitución y luego en el pleno, los casos de todos ellos tendrían que esperar a la conclusión de su mandato para seguir adelante. Y si, gracias a otra reforma recientemente aprobada, alguno de ellos consiguiera ser reelecto, la acción de la justicia sería postergada por cinco años más…

Es justo reconocer que existen también voces en el hemiciclo que se oponen desde ya al retroceso aquí descrito, pero no parecen expresar el sentir mayoritario. Ojalá que en una mayoría de parlamentarios destaque el criterio necesario para saber que aprobar un proyecto así solo reduciría aún más el poco aprecio que les tiene la ciudadanía.