Editorial: Lo último que necesitamos

Mientras el país espera que las autoridades electorales proclamen al nuevo jefe del Estado, con todas las controversias que ese proceso está trayendo y con la polarización que la campaña electoral ha evidenciado, lo mínimo que se le puede exigir a las autoridades aún vigentes es que hagan lo posible por no agitar más las aguas. Lo contrario solo dificultaría la transición del poder y nos distraería aún más de las materias que realmente importan, como cerciorarnos de que el nuevo gobierno y Parlamento estén listos para asumir las riendas de un país que, solo en el último año, ha tenido tres jefes del Estado, ha perdido a más de 180 mil ciudadanos por culpa del COVID-19 y ha visto su economía seriamente perjudicada.

Sin embargo, esta no parece ser la voluntad de algunos legisladores, toda vez que, en medio de tanta incertidumbre, un grupo parece decidido a traerse abajo la Mesa Directiva del Congreso a través de una moción de censura. La misma que fue presentada en un documento con las firmas de los congresistas Kenyon Durand (Acción Popular), Carlos Mesía (Fuerza Popular), César Gonzales Tuanama (Descentralización Democrática) y Perci Rivas Ocejo (Alianza para el Progreso) y que será ponderada por el poder del Estado que nos ocupa el 30 de junio.

Según explica el documento que plantea la moción, la titular del Legislativo, Mirtha Vásquez, “no cumple con la defensa del fuero parlamentario, afectando el equilibrio de poderes”. Y ofrece como prueba de ello lo ocurrido con el presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdez (Alianza para el Progreso), quien acusó al mandatario Francisco Sagasti de convocarlo para frustrar el debate de las reformas constitucionales, “afectando el fuero parlamentario”. Frente a esa situación, los censores aseguran que “la Mesa Directiva no tomó una posición adecuada en defensa del Parlamento”.

Aunque se trata de un recurso que las normas les conceden a los padres de la patria, es innegable que una censura de la Mesa Directiva del Congreso, a estas alturas del partido, es una irresponsabilidad absoluta. Empero, se trata de una medida alineada con la manera en la que este Parlamento ha venido conduciéndose desde su génesis en marzo del 2020. A pesar de ser un poder del Estado concebido en medio de una gravísima crisis sanitaria, su misión nunca ha sido remediar los problemas del país, sino agudizarlos gatillando crisis políticas (con censuras de gabinetes y mociones de vacancia) y aprobando proyectos de ley completamente divorciados del rigor técnico y la sensatez. Esta última amenaza contra la estabilidad del país es consecuente con sus antecedentes, pero una clara muestra de que no se han interesado en aprender nada del daño que ya han ocasionado.

Independientemente de cómo se pueda juzgar la gestión de la presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez, lo cierto es que está a punto de terminar. Tanto ella como el resto de los 130 legisladores están esperando ser reemplazados por los nuevos y el camino a ello, por lo caótico del desenlace electoral, ya está demostrando ser lo suficientemente tenso como para que los que están dirigiéndose a la salida nos sometan a más complicaciones.

Este Congreso tiene que dejar la casa ordenada para el próximo y evitar agudizar los problemas o insistir con medidas insensatas; solo el mes pasado se presentó una moción de censura contra el presidente Francisco Sagasti. De hecho, que la actual representación actúe con responsabilidad ante esta última arremetida sería una buena manera de despedirse, especialmente tras más de un año de dolores de cabeza. Añadirle combustible a un incendio es lo último que necesitamos.