¡A por el crédito!

En las últimas semanas, buena parte del país ha sufrido el impacto económico de la pandemia del COVID-19. La implementación de una rígida cuarentena, vigente desde mediados de marzo, y la consiguiente suspensión súbita de las actividades de múltiples sectores, han golpeado los ingresos de muchas familias y, solo en Lima, más de 1’200.000 personas han perdido sus trabajos. Un panorama trágico, pero tristemente propicio para que nuestros políticos flexionen sus músculos populistas.

En efecto, en estos días, y conforme el estrés al que han estado sometidos los ciudadanos ha aumentado, desde el Congreso y el Ejecutivo se han planteado normas que colisionan directamente con la prudencia macroeconómica que la tesitura exige. Apelando a remedios que pueden suponer el respaldo inmediato de algunos grupos, pero el perjuicio a mediano y largo plazo del país en su conjunto. Véase, si no, cómo desde el Gobierno se coqueteó con la idea de un impuesto “solidario” a los que más ganan (en plena recesión) y cómo desde el Parlamento se aprobaron normas como la devolución del 25% de los fondos privados de pensiones y la suspensión arbitraria del cobro de peajes.

Pues la temporada de iniciativas legislativas de esta índole continúa y ahora, como informó ayer este Diario, se insiste en nuevas regulaciones al sistema financiero. De hecho, desde el Congreso distintas bancadas (aunque mayormente la de Acción Popular) han presentado proyectos de ley que buscan exonerar el pago de intereses compensatorios y moratorios de los servicios bancarios –por préstamos personales, hipotecarios, pymes y mypes– durante el estado de emergencia. Algunos también plantean suspender pagos de obligaciones crediticias hasta un año después de levantadas las medidas excepcionales impuestas por el Gobierno. Otros llegan a exigir el establecimiento de topes máximos a las tasas de interés activas.

Estas medidas, empero, además de representar graves intromisiones del Estado en el sistema financiero, pueden suponer serios daños a los ahorristas y a los bancos, financieras y cajas municipales con los que trabajan. No se generarían ingresos suficientes para enfrentar las obligaciones de los depositantes; y las firmas más chicas se verían especialmente afectadas al ser las que otorgan préstamos a las pequeñas y microempresas con altas tasas de interés alineadas a los riesgos asumidos. Se trata, en general, de un sector que ya está siendo duramente afectado por la crisis y de cuyo bienestar dependerá nuestro camino a la reactivación. Para algunas de estas instituciones, la naturaleza de estas medidas podría ocasionar que, de poder sobrevivir pírricamente al huracán, sean arrancadas de sus cimientos.

Asimismo, como se sabe, la imposición de intereses máximos, ajenos a las capacidades y riesgos que contraen quienes hacen los préstamos, perjudican el acceso que los pequeños empresarios pueden tener a estos, pues son los que suelen asumir prestaciones con mayores tasas. Se instauraría, así, un ecosistema ideal para los prestamistas informales y todas las amenazas que pueden traer consigo.

De acuerdo con lo declarado por Ljubica Vodanovic, líder de Regulación Financiera y Fintech de EY Law, a este Diario, estamos ante propuestas innecesarias e inconstitucionales. Las empresas tienen la libertad de gestionar sus riesgos y muchas de ellas ya han condonado intereses y reprogramado deudas para sus clientes en el contexto de la crisis sanitaria.

Por el momento, la mayoría de las iniciativas que nos ocupan se encuentran en la Comisión de Economía del Poder Legislativo. El grupo de trabajo las ha remitido al Ministerio de Economía y Finanzas para sus comentarios y se buscará consolidar la plétora de proyectos en una medida concreta. Desde esta página solo nos queda pedirle prudencia al Congreso, para que los criterios técnicos que vayan a discutirse primen sobre el crédito político que algunos quieran obtener, y firmeza al Gobierno, ya que, en caso se aprobase una norma en la línea de lo discutido, no deberá chistar a la hora de observarla.